Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid protagonizaron este miércoles concentraciones ante el Ministerio de Hacienda del Gobierno español para exigir la negociación urgente de un convenio colectivo con Tragsa, empresa pública adjudicataria del servicio, que niega la negociación alegando "restricciones del ministerio" a pesar de declarar beneficios millonarios. Denuncian precariedad estructural, falta de reconocimiento de la dureza y toxicidad de su trabajo, y bloqueos administrativos que impiden mejoras salariales y de condiciones laborales desde 2012, cuando el convenio caducó, lo que originó una huelga indefinida iniciada en julio.
En Castilla y León, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales ha convocado una manifestación para el 6 de septiembre en León bajo el lema La Junta nos quema, donde van a reclamar un dispositivo público y profesional de gestión forestal durante todo el año. Denuncian operativos saturados por la carga de trabajo, equipamiento insuficiente y falta de reconocimiento profesional y contractual, así como el abandono de infraestructuras y la falta de prevención adecuada en la comunidad. El colectivo de trabajadores llama a la sociedad y movimientos sociales a sumarse a la protesta en defensa del medio rural y la protección ambiental.
Simultáneamente, en Castilla-La Mancha, los bomberos forestales de Geacam han retomado huelgas denunciando salarios mínimos de 1.300 euros, contratos de tres meses y deficiencias en materiales de protección y cobertura de plazas. Reclaman acabar con las condiciones precarias de trabajo, estabilidad en sus puestos y cumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada en 2024, la cual aún no se aplica en la región. Además, alertan sobre la insuficiente duración de las campañas de extinción, con riesgo para su seguridad y para la población rural.
