Tras el aparente ataque militar estadounidense del 2 de septiembre contra una embarcación, a la cual EE.UU. vinculaba con el cártel Tren de Aragua, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que “el presidente va a pasar a la ofensiva contra los cárteles y el tráfico de drogas (...) va a utilizar todo el poder de Estados Unidos para erradicarlos, no importa desde dónde operen”. Rubio defiende así la intervención que habría dejado 11 presuntos "narcotraficantes" muertos en aguas internacionales del Caribe y anuncia que EE.UU. ha designado como "organizaciones terroristas" a las bandas ecuatorianas “Los Lobos” y “Los Choneros” para facilitar "acciones legales y militares contra ellas".

Rubio también ha lanzado una amenaza directa al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que califica de “fugitivo de la justicia estadounidense” y “narcoterrorista”, acusado por un gran jurado neoyorquino. En su opinión, Maduro “no es el líder legítimo de Venezuela” y califica al Gobierno venezolano como una “organización terrorista de crimen organizado”. Todas estas acusaciones intensifican la presión estadounidense sobre Venezuela en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, donde Washington asegura que cazas de Caracas han sobrevolado el buque que la Armada estadounidense tiene desplegada en el Caribe. En respuesta, EE.UU. ha calificado de "altamente provocadora" la acción de la Fuerza Aérea Venezolana.

En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro informó que, durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se intentó condenar la acción militar estadounidense, pero no se habría un consenso debido a las diferencias entre países. La situación muestra la delicada situación regional y el rechazo al intervencionismo militar en amplios sectores de América Latina, que cuestionan las consecuencias y legitimidad de estas operaciones de injerencia de EE.UU. en el sur del continente.