Wall Street domina el mercado inmobiliario del Estado español
Fondos de inversión como Blackstone controlan al menos 185.000 viviendas en alquiler, disparando los precios un 57% desde 2015.
Desde 2015, el mercado inmobiliario del Estado español ha vivido una transformación dominada por grandes fondos de inversión, principalmente provenientes de Wall Street, que han comprado masivamente viviendas en ciudades como Madrid. Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión privados a nivel global, controla cerca de 20.000 unidades de alquiler en todo el Estado, convirtiéndose en el segundo mayor propietario de viviendas del país, con 13.000 solo en Madrid.
Según un reporte del New York Times, cerca de 185.000 propiedades en alquiler del Estado español están actualmente en manos de grandes corporaciones, de las cuales la mitad pertenecen a firmas con sede en los Estados Unidos de América, principalmente en Wall Street. Esta presencia dominante de fondos financieros ha coincidido con un aumento significativo de los precios de alquiler y venta en una década.
Desde 2015, las rentas de alquiler en el Estado español han subido un 57%, mientras que los precios de las viviendas se han incrementado un 47%, según datos agregados de mercado. Entre 2015 y 2025, el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en el Estado español ha aumentado un 54%, pasando de aproximadamente 129.420 euros a 199.114 euros, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa recogidos en febrero de 2025.
Este incremento ha generado una presión creciente sobre la clase trabajadora, que ve más difícil cuando no imposible el acceso a la propiedad y el alquiler.
Este modelo, denominado "economía del lunch gratis" por economistas como Michael Hudson, se basa en la extracción de rentas financieras por parte de la oligarquía financiera, que monopoliza activos esenciales como la vivienda, sin que ello se traduzca en una generación real de empleo o riqueza productiva.
La concentración de la propiedad residencial en manos de corporaciones financieras incrementa la desigualdad y contribuye al aumento de la pobreza y la exclusión social.
Las implicaciones sociales son notables, con un aumento de desalojos y un auge del sinhogarismo vinculado al encarecimiento del mercado de alquiler. Las políticas públicas, insuficientes para frenar estos fenómenos, enfrentan la imposibilidad de garantizar el derecho a la vivienda en un contexto dominado por intereses financieros y especulativos, que operan impúnemente.
