Nepal atraviesa una grave crisis política y social tras una semana de masivas protestas convocadas por jóvenes que rechazan la corrupción y la prohibición de 26 plataformas de redes sociales. La represión policial con balas reales, gases lacrimógenos y cañones de agua ha causado la muerte de al menos 25 manifestantes y cientos de heridos. La violencia escaló con incendios en edificios públicos vitales: el Parlamento, la residencia presidencial en Sital Niwas y la del primer ministro K.P. Sharma Oli en Balkot fueron quemados por manifestantes, que también atacaron la sede del Tribunal Supremo y del autodenominado Partido Comunista Nepalí (MLU).

Las protestas, conocidas como las de la “Generación Z”, se originaron en la oposición a una ley que exigía a las plataformas registrarse oficialmente, y el bloqueo de plataformas como Facebook, YouTube y X generó un masivo descontento. Decenas de miles salieron a las calles de Katmandú a protestar y desafiaron el toque de queda, fracturando la gobernabilidad. Tras los disturbios, el primer ministro Sharma Oli ha presentado su dimisión con efecto inmediato y pide “soluciones pacíficas”. A pesar de su salida, el descontento social no ha cesado y la ONU y organizaciones internacionales exigen investigaciones independientes y respeto a las libertades políticas y civiles fundamentales.

El impacto político es profundo, pues la dimisión de Sharma Oli es consecuencia de meses de tensiones acumuladas y evidenció divisiones en el Gobierno liderado por el MLU. Las casas de otros líderes políticos, incluidos el ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y ministros claves, también han sido atacadas y destrozadas. Además, el aeropuerto internacional de Katmandú ha cerrado temporalmente, complicando la situación. En este clima, la población reclama no solo cambios de Gobierno inmediatos, sino también cambios de base.

Llamamientos a la "Guerra de clases"

El Safal Committee, una de las tantas organizaciones marxistas de trabajadores existentes en Nepal, definió el 8 de septiembre como el inicio de una "guerra de clases", denunciando que “la clase trabajadora ha sido atacada abiertamente por el Estado”. Este comité ha hecho pública una serie de demandas radicales que incluyen la detención inmediata del gobierno tildado de "enemigos públicos", un tribunal popular contra ellos, el desarme total del Estado, la expropiación de propiedades de esos enemigos y un llamado a armar a las masas para su defensa. Además, exigen la disolución del parlamento y la formación de una asamblea de trabajadores que conduzca una democracia obrera real, junto con la convocatoria de huelgas generales para proteger a la clase trabajadora.

El Safal Committee condena que la única victoria popular haya sido “robada por una alianza profana de fuerzas armadas, monárquicos y demócratas” y llama a "completar la revolución" y a combatir la reacción con acciones unificadas que reinstauren el poder verdadero al pueblo obrero. Insisten en que se debe capturar al ex primer ministro K.P. Sharma Oli en tribunales populares y poner fin de inmediato al “régimen violento”. Este grupo es una expresión clara de la creciente radicalización del movimiento obrero en Nepal, que plantea un desafío directo al orden vigente y una demanda concreta por justicia social y un nuevo poder político que la garantice.