27 años de prisión a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El expresidente y siete altos cargos militares y civiles reciben sentencia inédita en del Supremo Tribunal Federal de Brasil por un plan golpista que buscaba impedir la toma de posesión de Lula.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar una trama golpista y conspirar para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Se trata de la primera vez en la historia del país que un exjefe de Estado y altas autoridades militares son sentenciados por el delito de tentativa de golpe de Estado y otros cuatro cargos, incluido el liderazgo de una organización criminal armada.
Según informa Folha de S. Paulo, la decisión ha sido tomada por mayoría de cuatro magistrados contra uno, con el voto en contra de Luiz Fux, que minimizó la gravedad de la intentona golpista y defendió la absolución por falta de pruebas. El fallo implica que Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria mientras espera la resolución de eventuales recursos, que podrían presentarse ante instancias superiores, aunque su horizonte político se ve bloqueado al quedar inhabilitado hasta 2030.
El expediente judicial documentó conspiraciones públicas y mecanismos encubiertos, incluyendo presión a mandos militares y la elaboración de planes para no reconocer el resultado electoral mediante la violencia institucional. La jueza Carmen Lúcia afirmó que “quedó probado” el papel de liderazgo de Bolsonaro y su círculo en un esquema sistemático y progresivo para "atacar las instituciones democráticas", al tiempo que la fiscalía demostró “fehacientemente” el carácter organizado de la trama y sus vínculos con estamentos de los servicios de inteligencia y "seguridad nacional".
La sentencia fue dictada a pesar del intenso lobby del bolsonarismo y la presión internacional, especialmente del presidente estadounidense Donald Trump, que califica el proceso de “caza de brujas” y amenaza con represalias comerciales.
El juicio marca un precedente para Brasil y abre un debate sobre la resistencia institucional ante el creciente autoritarismo en América Latina, en un contexto de alta polarización social y movilización de sectores populares que exigen justicia y garantías democráticas
