La Junta de gobierno municipal de A Coruña (Galiza) encabezado por Inés Rey (PSOE) y apoyado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha aprobado un nuevo convenio urbanístico que promueve la construcción de mil viviendas en las zonas de Parque de Oza y O Castrillón, con Aliseda, participada mayoritariamente por el fondo BlackStone y Banco Santander, como principal propietaria del suelo.

El proyecto, calificado como "pelotazo urbanístico" por sus detractores, incluye torres de hasta 17 plantas, equipamientos y zonas verdes. solo un centenar y medio de viviendas serán de protección oficial, una cifra que genera preocupación y críticas entre varios vecinos.

Este acuerdo se desarrolla sobre seis áreas que incluyen solares entre calles importantes de A Coruña, con planes para "recuperar" espacios sin urbanizar y crear "áreas verdes y públicas", además de conservar la antiga casa consisterial de Santa María de Oza. Sin embargo, la amplia presencia del fondo BlackStone y Banco Santander, así como la escasa vivienda protegida y nula vivienda social alimentan un debate sobre la gestión inmobiliaria y la respuesta a la crisis de vivienda en la ciudad.

BlackStone: "Hay una oportunidad real de invertir en Israel"

El papel de BlackStone y otros fondos internacionales como KKR en la gestión del patrimonio residencial, a través de la Sareb y sus filiales, ha sido objeto de críticas en el movimiento de vivienda por sus prácticas especulativas, acoso inmobiliario y vínculos con la industria armamentística israelí que se sustenta sobre el genocidio del pueblo palestino.

Según recogía el New York Times, el presidente de BlackStone donó el pasado mayo 125 millones de dólares a la Escuela Médica de Israel, la mayor suma recibida por la Universidad de Tel Aviv en toda su historia. Kenneth Caplan, co-Jefe de Inversión de Blackstone afirmaba en julio de este año en la Calcalist and Bank Leumi National Economic Conference que "hay una oportunidad real de invertir en Israel", enfatizando las opciones que se abren para estos fondos buitre de cara a la rehabilitación de la infraestructura dañada por la "guerra".

Este contexto pone en cuestión los discursos de la izquierda institucional levanta demandas de transparencia y medidas para garantizar el acceso universal a una vivienda de calidad sobre el negocio inmobiliario.