El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Manuel Albares, ha descartado la ruptura total de las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. En declaraciones a medios en Luxor, Egipto, Albares ha señalado que el foco actual está en "tomar medidas para impedir que Israel continúe con su ofensiva militar en Gaza".

Albares ha evitado utilizar el término “genocidio”, ampliamente empleado en el resto del Ejecutivo, y ha insistido en que "las iniciativas del Gobierno y la Unión Europea se dirigen a presionar a Israel para que termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide la entrada de alimentos a la Franja de Gaza". A la vez, ha llamado a enviar un mensaje claro a Israel: "no esperar una relación normal con la UE mientras continúe la situación actual".

Sin embargo, la realidad es otra: el Ejecutivo español mantiene intactas sus relaciones diplomáticas con el Estado genocida y ha insistido que descarta romperlas, a pesar de la aparente crisis bilateral, las amenazas cruzadas y las demandas públicas de "cambios en la política exterior" que tratan de performar desde Madrid y Tel Aviv.

Formaciones como Sumar , Podemos y demás socios de investidura del Gobierno de Sánchez, que a nivel discursivo han mostrado críticas y divergencias con la política exterior del Ejecutivo, no ejercen presión efectiva ni amenazan con retirar su apoyo parlamentario al Gobierno colaboracionista del genocidio, por lo que sus declaraciones resultan irrelevantes a efectos prácticos.

Ninguna de estas formaciones ha planteado un ultimátum o una ruptura política condicionando su respaldo a Sánchez, ni mucho menos una moción de censura, lo que convierte sus críticas en meras declaraciones sin capacidad real de alterar la política del Gobierno colaboracionista, que sigue enviando y comprando armas a los genocidas. Tanto Sumar como Podemos optan por preservar la "gobernabilidad" y evitan un adelanto electoral a toda costa, que podría resultar perjudicial para sus intereses políticos.

En consecuencia, las peticiones de mayores restricciones o ruptura con la entidad sionista quedan reducidas a gestos simbólicos y comunicativos, sin que se apliquen medidas concretas que puedan afectar las relaciones oficiales, tanto por parte del PSOE como los socios de investidura. Al contrario, la situación muestra la razón de Estado que prioriza la estabilidad interna y sus alianzas estratégicas en medio del genocidio más documentado de la historia.