La Cámara Baja del parlamento neerlandés aprobó este jueves una moción impulsada por el líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, que solicita al gobierno designar a Antifa como organización terrorista. La resolución, que aunque no se traduce directamente en una ley, establece que el primer ministro ha de tomar medidas al respecto en un corto plazo. La medida obtuvo el respaldo de partidos conservadores como VVD, SGP y JA21, además del propio PVV. Los proponentes argumentan que hay "células" de Antifa operando en los Países Bajos, que "amenazan a políticos", y "generan desórdenes en actos públicos".

Sin embargo, juristas advierten de los problemas prácticos que implica aplicar una etiqueta de terrorismo a un movimiento como el antifascista. En la mayoría de los países europeos, incluido Países Bajos, Antifa se considera una red descentralizada de colectivos antifascistas sin estructura jerárquica definida, lo que dificulta encajarla en la definición jurídica de “organización” prevista en la legislación antiterrorista. Según el profesor de derecho penal Ties Prakken, esto acarrea “el riesgo es ampliar excesivamente las competencias de vigilancia sobre protestas sociales sin un marco claro de responsabilidad”.

La decisión parlamentaria neerlandesa sigue el camino recorrido por Trump esta misma semana. En caso de que el Gobierno adopte la moción en su totalidad, se habilitarían mayores competencias de vigilancia, ampliación de bases de datos de inteligencia y "medidas preventivas" contra "sospechosos". Para juristas y organizaciones de derechos civiles, ello plantea un riesgo de criminalización de la protesta política y de erosión de libertades fundamentales.