Los rentistas se ahorraron más de 700 millones en IRPF en 2023 gracias a deducciones
La Ley de Vivienda de 2023 permite deducciones de hasta el 90%. Con ello, el Estado dejó de ingresar una cantidad equivalente a varias partidas de gasto en políticas públicas de vivienda.
El Gobierno español ha confirmado que en 2023 dejó de ingresar 717 millones de euros en las arcas públicas como consecuencia de la reducción por arrendamiento habitual en el IRPF, una deducción que aplican los propietarios que alquilan su vivienda como residencia habitual.
La cifra fue revelada a través de una respuesta escrita enviada al Congreso de los Diputados en mayo por un diputado de Compromís que preguntó cuánto dinero dejó de ingresar el Estado en 2023 por las deducciones fiscales para arrendadores de vivienda. Según el Ejecutivo, ese monto figura en la memoria de beneficios fiscales correspondiente al ejercicio 2023, parte de los Presupuestos Generales del Estado de ese año.
En cuanto a las condiciones de la deducción, la normativa fiscal vigente establece que los propietarios pueden aplicarse una deducción general del 50% sobre el rendimiento neto obtenido con el alquiler de vivienda habitual. Bajo la Ley de Vivienda de 2023, estas deducciones se pueden elevar al 90% si se cumplen ciertos criterios: que el contrato sea nuevo, que la vivienda esté ubicada en una "zona de mercado residencial tensionado", y que el precio del alquiler sea al menos un 5% inferior al del contrato anterior.
Otras situaciones contempladas para deducciones menores incluyen aquellas donde el inquilino tiene entre 18 y 35 años (deducción del 70%), o cuando la vivienda haya sido rehabilitada en los dos años previos (deducción del 60%). Sin embargo, para la mayoría de los casos, la deducción estándar permanece en el 50%.
Para dar contexto al impacto fiscal, los PGE-2023 contemplan un gasto en políticas de acceso a vivienda y fomento de la edificación de 3.481 millones de euros. Esto significa que los 717 millones que deja de ingresar el Estado por deducciones a los caseros equivalen a aproximadamente el 20-25% de esa partida presupuestaria dedicada a vivienda y edificación. Es decir, el costo fiscal de esa deducción representa una proporción significativa frente al gasto destinado directamente a políticas públicas de vivienda.
