En las últimas semanas, el presidente argentino Javier Milei ha intensificado las negociaciones para obtener un préstamo extraordinario de hasta 30.000 millones de dólares de sus socios de Estados Unidos, a través de la Secretaria del Tesoro encabezada por Scott Bessent, con el objetivo de cubrir futuros vencimientos de deuda y reforzar las reservas del Banco Central.

El monto solicitado, que se suma a líneas de crédito previas y operaciones de rescate, situaría el endeudamiento externo en cifras récord, superando ampliamente los 50.000 millones de dólares acumulados en poco más de un año de gestión. La operación busca, según Milei, "evitar la caída en default durante 2026", así como hacer frente a pagos previstos de 4.000 millones en enero y 4.500 millones en julio, además de otros compromisos con el FMI y acreedores privados, según recuerdan medios argentinos.

El acuerdo, aún pendiente de aprobación y condicionado por el resultado electoral y reformas económicas internas, incluye gestos políticos como la reunión en la Asamblea General de la ONU entre Milei y Donald Trump, así como la entrega de un galardón del Atlantic Council en presencia de figuras clave como Kristalina Georgieva del FMI y Larry Fink del fondo de inversión BlackRock. La Casa Blanca ha confirmado su intención de girar los fondos y reforzar la relación con Argentina, con el respaldo explícito de Trump, quien considera a Milei su principal aliado en América Latina y ha tomado decisiones geopolíticas para proteger el plan económico argentino frente a la oposición interna.

Scott Bessent, responsable final del mecanismo de estabilización, exige, además, políticas que incluyan la desactivación del swap con China, la reinstauración de retenciones y ajustes en la política cambiaria, siguiendo el guion de las condiciones estadounidenses para el apoyo financiero. El acuerdo también busca distanciar a Argentina de la influencia china, marcada por reiteradas advertencias sobre "el papel del Partido Comunista en licitaciones estatales" y el avance del swap del Banco Central, en el marco de ofensiva comercial china en América Latina y rivalidad abierta con Washington en sus mercados tradicionales.

A nivel técnico, la deuda pública y privada en Argentina sigue en aumento, con 8.500 millones a pagar hasta julio de 2026 y vencimientos adicionales que incluyen bonos, letras y BOPREAL, la nueva herramienta de reestructuración financiera local. El préstamo de EE.UU. permitiría, eliminar parte de estas obligaciones, pero expertos advierten sobre el costo político y el condicionamiento externo: “EE.UU. solo otorgará el swap de 20.000 millones de dólares, la compra de bonos y la línea de crédito stand-by de emergencia si Milei cumple con sus demandas”, informó el secretario Bessent tras un encuentro bilateral.

El acuerdo, si se confirma en los próximos días, podría evitar el impago de deuda y limitar la crisis a corto plazo, pero especialistas advierten que la dependencia de capital externo y las condiciones impuestas por EE.UU. suponen una pérdida de autonomía y profundizan la exposición a shocks internacionales. Las reformas requeridas por Washington implican recortes sociales, por supuesto: cambios al modelo productivo y controles reforzados sobre el sistema financiero, con efectos inmediatos sobre el empleo, consumo y agitación política. Argentina ya ha sufrido nueve defaults en un siglo, y sus crisis, aunque recurrentes, continúan generando repercusiones globales.

Para observadores y analistas internacionales, el futuro de la clase dirigente argentina dependerá no solo de la ayuda puntual estadounidense, sino de la capacidad para sostener reformas profundas, atraer inversiones y recuperar un mínimo de confianza social y política. El rescate actual, lejos de solucionar la raíz del problema, ilustra la fragilidad de las economías bajo la doble presión de deuda externa y volatilidad global, en una coyuntura donde cada movimiento es seguido de cerca por los inversores, gobiernos y organismos internacionales.

La negociación, presentada como un "salvavidas necesario" frente a las "turbulencias" y la falta de divisas, expone la subordinación de las "autoridades" argentinas ante los capitales globales y el poder de intervención de Washington en la política local.