Sarkozy condenado a cinco años de cárcel
El tribunal de París impone la pena por financiación ilícita libia en las presidenciales de 2007; es la primera condena con posible ingreso en prisión para un expresidente de la V República.
El tribunal correccional de París ha sentenciado a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por asociación ilícita para financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con ayuda del Estado Libio de Muamar Gadafi. La sentencia destaca la “gravedad excepcional” de los hechos, que “dañan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes los representan”.
Pese a absolverlo de malversación y de corrupción electoral, Sarkozy deberá presentarse ante la Fiscalía próximamente para iniciar la ejecución de la condena, que ha sido otorgada con mandato de detención a efecto diferido y ejecución provisoria, es decir, la condena ya se aplica para garantizar su efectividad sin esperar recursos futuros. Algunas medios franceses mencionan que a sus 70 años podría solicitar la libertad condicional, pero no está garantizada.
El tribunal precisó que entre 2005 y 2007, cuando Sarkozy era ministro del Interior y candidato presidencial, facilitó que colaboradores próximos como Claude Guéant y Brice Hortefeux obtuvieran apoyos financieros ilícitos de Libia. El delito, castigado con hasta diez años, está considerado uno "contra la nación" y "la paz pública". Sarkozy anunció que recurrirá la condena y denunció que la decisión conlleva una “gravedad extrema para el Estado de derecho” y afecta la “confianza en la justicia”.
Además de Sarkozy, otras siete personas han sido condenadas en el proceso judicial, entre ellas Guéant y Hortefeux, quienes también han recibido penas de prisión, pero con excepciones por razones de salud. El proceso judicial ha revelado una red compleja de corrupción política con vínculo directo a un país extranjero hostil a los intereses occidentales.
La condena de Sarkozy es histórica porque que abre la posibilidad de que un expresidente de la V República ingrese en prisión, y plantea un precedente significativo sobre la responsabilidad penal de los altos cargos en actos ilícitos que vulneran la ley y los "principios democráticos esenciales" que ellos mismos dicen defender.
