50 años de los últimos fusilamientos del franquismo
El 27 septiembre de 1975, dos militantes de ETApm y tres del FRAP fueron ejecutados en juicios sumarísimos, en un contexto de represión despiadada y ofensiva obrera contra el régimen.
En otoño de 1975, en los últimos meses de vida de Francisco Franco, el dictador llevó a cabo las últimas ejecuciones de su historia contra cinco militantes de las organizaciones ETA político-militar y FRAP. Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi (ETA pm), junto a José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz (FRAP) fueron fusilados en diferentes puntos del Estado español entre el 27 y 28 de septiembre, tras procesos judiciales acelerados y sin garantías, en un acto brutal de represión que buscaba contener una creciente ola de agitación social.
Estos fusilamientos se produjeron en medio de una intensificación de la violencia del Estado y la resistencia armada de diferentes organizaciones. ETA pm apostaba por complementar la movilización política de masas con la lucha armada para lograr la autodeterminación de Euskal Herria negociando desde una posición de fuerza, mientras ETA militar buscaba el mismo objetivo pero mediante la aceleración de la ruptura revolucionaria, donde la lucha armada jugaba un papel protagonista en una guerra de desgaste prolongada contra el Estado. El FRAP, por su parte, actuaba como brazo armado del PCE(m-l), con una estrategia armada de insurrección revolucionaria para derrocar la dictadura y expulsar el imperialismo estadounidense, combinando acciones armadas con la agitación política y social para instaurar una república popular y socialista mediante la movilización obrera.
La respuesta policial y militar fue implacable, en un contexto donde los servicios secretos infiltraron y desarticularon numerosas organizaciones revolucionarias, pero sin poder contener el creciente descontento popular que amenazaba con hacer estallar el Estado español.
El mes de septiembre de 1975 también se caracterizó por una fuerte movilización obrera y estudiantil que impulsó protestas masivas y acciones contundentes de solidaridad internacional para salvar la vida de los antifascistas condenados. Estas ejecuciones, lejos de amedrentar a la clase obrera, fueron entendidas como un último y desesperado zarpazo que catalizó la lucha contra la dictadura, forzando la reforma del régimen.
El análisis histórico señala que las ejecuciones fueron el punto culminante de una política represiva sistemática que marcó la amplia resistencia antifranquista en el Estado español, privando de libertades y hundiendo en la violencia fascista a millones de personas. La memoria de estos combatientes sigue viva en numerosas organizaciones e individuos, que denuncian la impunidad de las instituciones responsables y defienden la integridad de la memoria revolucionaria.
En contraste con la narrativa oficial, que pretende presentar a los militantes de organizaciones armadas antifascistas como "terroristas" y la transición como un "modélico proceso pacífico", los hechos históricos lo desmienten: 200 personas asesinadas por violencia policial, parapolicial y atentados de extrema derecha entre 1975 y 1982. El franquismo estuvo marcado, de principio a fin, por la sangrienta represión y la lucha revolucionaria que le hizo frente desde la clandestinidad.
Hoy, 50 años después, la conmemoración de estos fusilamientos constituye un llamado a no olvidar los nombres de quienes cayeron ante la brutalidad estatal ejercida en nombre del orden, dejando un legado de la lucha por la emancipación para las generaciones posteriores. Por ello, la transmisión del significado de aquel septiembre de 1975 resulta fundamental para comprender las dinámicas políticas y sociales contemporáneas en el Estado español.
