Trump aprueba las medidas "antiterroristas" NSPM-7: vigilancia sobre protestas, ONGs y opositores
Moviliza al aparato de estado para desarticular “organizaciones y redes de violencia política”, define “extremismo” por creencias y manifestaciones, y habilita designaciones internas de “terrorismo doméstico”.
El presidente Donald Trump ha firmado la National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7), un decreto que establece una estrategia nacional “para investigar y desmantelar redes, entidades y organizaciones que fomenten violencia política” en Estados Unidos. El texto, publicado por la Casa Blanca el pasado 25 de septiembre, ordena una coordinación integral entre el DOJ, FBI, DHS, Tesoro e IRS, expandiendo las protestas y actividades identificadas como “desórdenes civiles” en su "política antiterrorista", autorizando al fiscal general a recomendar designaciones internas de “organizaciones terroristas domésticas”, un poder históricamente reservado para grupos extranjeros.
NSPM-7 exige al Tesoro y al IRS que rastreen y desactiven "flujos financieros hacia organizaciones sospechosas de apoyar violencia política", revocando el estatus de exención fiscal de ONGs que la administración interprete como "implicadas". Por primera vez, se instruye investigar y sancionar no solo a grupos, sino también a sus empleados, directivos y donantes individuales, y se prioriza la vigilancia sobre activismo social, anticapitalista, crítico del cristianismo y “hostil” ante valores "familiares" o de "moralidad", según la definición aportada en el texto.
El memorando redefine indicadores de "extremismo", subrayando que “la disidencia organizada, campañas de acoso, doxing, y movilizaciones por derechos civiles pueden ser investigadas bajo la acusación de terrorismo doméstico, si la administración lo determina”. Aunque NSPM-7 no crea nuevos delitos federales, señala que la fiscalía usará leyes existentes como la Ley Patriot, RICO, y sobre financiación ilícita para perseguir conductas y creencias políticas. Organizaciones como la ACLU critican el riesgo constitucional de esta directiva, advirtiendo que el marco adoptado permite criminalizar el disenso político y socava garantías de libertad protegidas por la Primera Enmienda.
