Eslovaquia reforma su Constitución para reducir derechos LGTBI
La reforma restringe adopciones a parejas heterosexuales casadas, incluye el "pin parental" para recibir educación sexual y exige "razones graves" para llegar a permitir cambios de sexo.
El Parlamento de Eslovaquia, conocido como Consejo Nacional, aprobó el 26 de septiembre una enmienda constitucional que reconoce exclusivamente dos sexos —masculino y femenino— y establece que el cambio de sexo solo es posible por "razones graves" mediante procedimientos definidos por ley. Esta modificación, impulsada por el gobierno del primer ministro nacionalista Robert Fico, requirió una mayoría cualificada de tres quintos y se obtuvo con 90 votos a favor de un total de 150 escaños, gracias al apoyo de 12 diputados de la oposición conservadora.
La enmienda también limita la adopción a parejas casadas, excluyendo efectivamente a parejas del mismo sexo, dado que la Constitución ya define el matrimonio como "unión entre hombre y mujer" desde 2014. La norma indica, además, que los niños deben obtener permiso explícito de sus padres o tutores antes de participar en programas de educación sexual integral, lo que podría limitar el acceso a contenidos sobre salud reproductiva, prevención de violencia sexual y consentimiento,
La reforma introduce una "cláusula de soberanía" que otorga prioridad a la legislación eslovaca sobre el derecho de la Unión Europea (UE) en asuntos relacionados con la "identidad nacional", particularmente en "cuestiones culturales y éticas fundamentales". Según expertos legales como Lucia Berdisová, del Instituto de Derecho del Estado de la Academia Eslovaca de Ciencias, esta disposición es vaga y podría permitir a las autoridades ignorar fallos de tribunales europeos en temas como derechos familiares y de género. El primer ministro Fico defendió la medida como un "dique contra el progresismo", argumentando que protege valores tradicionales ante lo que describió como el "colapso de las sociedades occidentales". El presidente Peter Pellegrini anunció que firmaría la enmienda, citando la mayoría constitucional como señal de consenso político.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la aprobación como un retroceso significativo. Amnistía Internacional, en un comunicado del mismo día, la describió como "devastadora" por poner la Constitución en "conflicto directo con el derecho internacional", afectando no solo a personas LGTBI sino también a derechos reproductivos y educativos. La organización Inakost, defensora de derechos LGTBI en Eslovaquia, la llamó "una de las decisiones más peligrosas" del Parlamento, prediciendo "aislamiento de la UE" y "acercamiento a modelos autoritarios como el de Hungría".
La implementación de la enmienda está programada para el 1 de noviembre de 2025, lo que podría desencadenar litigios ante tribunales europeos y revisiones de fondos de la UE, ya que la Comisión Europea ha reiterado que la primacía del derecho comunitario es "no negociable". Analistas indican que esta reforma se enmarca en una tendencia más amplia bajo el gobierno de Fico desde octubre de 2023, que incluye restricciones a medios independientes y al poder judicial.
