La aprobación al matrimonio igualitario y la tolerancia social caen a sus niveles más bajos en una década, coincidiendo con un repunte histórico en los delitos de odio por motivación de orientación sexual.
La imposibilidad sistemática de acceder a un trabajo empuja a miles de personas trans a tener que prostituirse, exponiéndolas a una violencia aún mayor de la habitual.
Los hogares del colectivo perciben hasta un 38% menos de ingresos que la media, mientras quienes sufren agresiones en el trabajo pasan del 6,8% en 2023 al 22% en 2025.
Fundamentalistas religiosos defienden que la actual prohibición en más de 20 estados "atenta contra su libertad religiosa y de expresión"; la OMS recuerda que es una forma de tortura.
La reforma restringe adopciones a parejas heterosexuales casadas, incluye el "pin parental" para recibir educación sexual y exige "razones graves" para llegar a permitir cambios de sexo.
