El fundamento económico de la homofobia

Las relaciones entre personas del mismo género están documentadas en infinidad de épocas y culturas. En cambio, se puede observar que cada modelo de sociedad ha influido de maneras diferentes en cómo se daban estas relaciones y si estas han adoptado una dimensión social o incluso económica. Ejemplificando este último concepto, se observa que en las sociedades agrarias, la forma de familia tradicional componía una de las bases de la forma de producción, y dicha condición la llevó a adoptar una forma específica debido a que esa misma estructura era en muchas ocasiones la garante de las condiciones de vida del campesinado o el pueblo trabajador en general.

Adicionalmente, las instituciones de la época (tanto las religiosas como las diferentes estructuras de gobierno) castigaron severamente cualquier expresión que amenazase desestabilizar ese estatus de dicha forma de familia. En cambio, fue la extensión del trabajo asalariado, con la industrialización y la entrada del capitalismo en sus etapas menos desarrolladas, lo que pudo dar una independencia relativa a personas bajo unas condiciones economicas favorables; una independencia relativa que surgió (de manera muy condicionada como se podrá ver en las siguientes líneas) con la “posibilidad” —más bien necesidad— de vender la fuerza de trabajo de manera individual con las nuevas formas de producción.

El cambio tuvo impactos cuantitativamente impactantes en la demografía. En el Reino Unido y Alemania (como en las primeras grandes potencias industriales en general), el número medio de hijos por mujer pasó de en torno a 5 a mediados del siglo XIX a menos de 2,5 hacia 1930. A la par, en la cuestión referida a la homosexualidad, es en las mismas décadas cuando se cominza a surgir una dimensión socioeconómica que en los siglos pasados de feudalismo no se podía ver. La palabra que designa la homosexualidad se acuñó hacia 1869; los primeros barrios, locales y organizaciones reconocibles aparecen en Berlín, Londres o París a finales del siglo XIX; y el instituto de investigación sexual fundado en Berlín en 1919, que llegó a atender a miles de personas, fue clausurado y sus fondos quemados en 1933.

Esa misma familia, en el nuevo ordenamiento social, cumplía una función económica que, al menos en las fases menos desarrolladas del capitalismo en las que no existe un excedente de fuerza de trabajo, juega un papel importante: dentro de la familia se realiza, quedando aislado de la categoría de trabajo asalariado, el trabajo de criar, alimentar y cuidar —es decir, de la reproducción de la fuerza de trabajo—. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2018 que cada día se dedican 16.400 millones de horas a ese trabajo de cuidados no remunerado, el equivalente a unos 2.000 millones de personas trabajando a jornada completa sin cobrar. Valorado al salario mínimo por hora equivaldría a cerca del 9 % del PIB mundial —unos 11 billones de dólares (paridad de 2011)—; la OCDE, con otra metodología, lo eleva al 15 %. Las mujeres realizan en torno al 76 % de ese trabajo, dedicándole una media cercana a 4 horas y media diarias frente a alrededor de hora y media los hombres.

Tal y como se mencionaba, el control de esa esfera familiar no es nuevo. Entre los siglos XVI y XVII, se puede ejemplificar con la persecución de las llamadas brujas afectó a un número de personas que el consenso historiográfico cifra hoy en 100.000–110.000 procesadas entre c. 1400 y c. 1750, de las que entre 40.000 y 60.000 fueron ejecutadas; entre el 75 % y el 85 % eran mujeres. En el mismo periodo se endurecieron la persecución del aborto y de la anticoncepción.

La perspectiva que se adopta en este reportaje deja de esta manera entrever uno de los factores por los que al capitalismo le es funcional adoptar posturas homófobas, al menos en algunos casos: la producción y reproducción de la fuerza de trabajo se ha realizado históricamente gratis, dentro de la familia, y trasladarlo al mercado o al Estado tendría un coste muy elevado, el cual es inasumible para el capital. Es en ese marco donde las formas que se adoptan para la familia no se tratan como una opción privada indiferente, sino como un problema.

El peso de las condiciones económicas

Conviene examinar primero un supuesto extendido: que la hostilidad se disuelve sola a medida que aumentan la escolarización y la alfabetización. En el plano individual puede haber algún viso de correlación positiva —dentro de Occidente, las personas con más estudios expresan algo más de aceptación, y esta ha crecido—. En esta línea, por ejemplo en Estados Unidos, la proporción que considera que la homosexualidad "debe ser aceptada por la sociedad" pasó del 49 % en 2007 al 60 % en 2013 y al 72 % en 2019 (Pew Research Center). Pero ese efecto ni es universal ni es, por sí solo, el motor del cambio.

Se puede ver, en cambio, que la pauta no se generaliza: en Rusia —de alta escolarización y baja religiosidad— la aceptación disminuyó en dos puntos porcentuales para el mismo periodo, y en el conjunto de Europa central y oriental, con niveles de estudios comparables a los de Europa occidental, la aceptación mediana era de apenas el 46 % en 2019, frente a la clara mayoría occidental. Otro estudio sobre los Países Bajos halló que entre 1985 y 2011 el prejuicio hacia las minorías no disminuyó pese a la expansión educativa, e incluso aumentó entre las personas con más estudios. A pesar de ello, existe una relación fundamental, ya que tal y como lo reflejan los datos internacionales, por lo general, la educación ha ido fuertemente correlacionada con la riqueza, de modo que buena parte del aparente "efecto educativo" puede reflejar en realidad el nivel de desarrollo económico, que parece ser un predictor más sólido.

La correlación con el grado de desarrollo del capital en un país

Tras encuestar a 38.426 personas en 34 países en 2019, el Pew Research Center concluyó que las actitudes hacia la homosexualidad "están fuertemente correlacionadas con la riqueza del país": cuanto más rica es una economía y cuanto mayor sea su grado de desarrollo capitalista mayor aceptación expresa su población. La distancia es notable: del 94 % en Suecia al 7 % en Nigeria, con una mediana del 52 % en los 34 países. Por bloques de renta, Suecia, los Países Bajos y Alemania, con una renta por habitante superior a los 50.000 dólares, figuran entre las más altas; Nigeria, Kenia y Ucrania, por debajo de los 10.000 dólares, no llegan a dos de cada diez.

Cruzando la aceptación de cada país con su renta por habitante, la correlación es positiva y fuerte —un coeficiente de r = 0,76—, aunque no perfecta: hay “outliers” que la propia fuente atribuye al peso de factores superestructurales como la religión y la cultura. Filipinas acepta más (73 %) de lo que predeciría su renta, mientras que Israel (47 %) y Turquía (25 %) quedan por debajo de la suya. Esa dispersión es coherente con la idea de que la riqueza no actua sola pero condiciona.

La aceptación dentro de un propio país también varía con la edad de forma muy marcada: en 22 de los 34 países los jóvenes aceptan más que los mayores, y la brecha llega a 56 puntos en Corea del Sur (79 % entre los de 18-29 años frente al 23 % de los mayores de 50) o a más de 30 puntos en Japón (92 % frente al 56 %). También pesa la religión, de manera que en Nigeria la aceptación es del 6 % entre cristianos y del 8 % entre musulmanes, y en Israel pasa del 17 % entre musulmanes al 53 % entre judíos.

Asimismo, la conexión de la intolerancia con la desigualdad económica dentro de un solo país es sólida. Un estudio sobre 35 países, con datos de la Encuesta Mundial de Valores, reportó que la tolerancia disminuye a medida que aumenta la desigualdad de renta. La investigación comparada sobre valores añade que la estabilidad económica de las personas y la “seguridad” de mantener dichas condiciones (de manera que no se vea amenazada su posición social) son indicadores individuales fuertes.

El comportamiento en épocas de crisis

Si la aceptación se ve en parte condicionada por las condiciones materiales, se observa que ante un empeoramiento de dichas condiciones los indicadores que miden la aceptación disminuyen, y en este sentido, uno de los casos más paradigmáticos es la Alemania de la Gran Depresión Entre 1928 y 1932, el paro se cuadruplicó, de unos 1,4 millones de parados a más de 6 millones (del 8,5 % a cerca del 30 % de la población activa). En el mismo intervalo, el voto al partido nazi en las elecciones al Reichstag pasó del 2,6 % (1928) al 18,3 % (1930), al 37,3 % (julio de 1932) y al 43,9 % (marzo de 1933). Aquí es donde se ve también por qué la discriminación contra las personas homosexuales se incluye en las ideas reaccionarias.

La primera reversión medida en una generación

Uno de los episodios más recientes —la pandemia, sumada al aumento del coste de la vida y el periodo inflacionario posterior a 2021— coincide con un retroceso, con cifras bastante significativas. Según la encuesta anual de Valores y Creencias de Gallup, la aceptación moral de las relaciones entre personas del mismo género subió del 40 % en 2001 al 71 % en 2022 (en estados unidos) —su máximo histórico—, antes de caer al 64 % en 2023 y situarse en el 62 % en mayo de 2026, su nivel más bajo desde 2016. El apoyo al matrimonio igualitario bajó del 71 % (2022-2023) al 65 % (2026). La caída de 2022 a 2023 fue, según el informe, el mayor desplazamiento interanual del siglo en este indicador.

Aun así, el retroceso no es exclusivo de este indicador. En la misma medición de 2023, Gallup registró descensos en la aceptación moral del uso de anticonceptivos (del 92 % al 88 %), del divorcio (del 81 % al 78 %) y de las relaciones sexuales fuera del matrimonio (del 76 % al 72 %), volviendo a evidenciar un auge de la reacción en este periodo. Cabe destacar que de entre las citadas por el informe el decaimiento de la aceptación las relaciones homosexuales fue el más pronunciado. El descenso se concentra, mayormente entre los votantes republicanos, entre los cuales el apoyo al matrimonio igualitario pasó del 55 % (2021-2022) al 37 % (2026), y la aceptación moral cayó 21 puntos desde 2022, hasta el 35 %.

La encuesta del Public Religion Research Institute (PRRI) a más de 22.000 adultos en 2023 apunta en la misma dirección reportando que por primera vez desde que mide estas actitudes, descendieron sus tres indicadores de derechos LGTBI —el apoyo al matrimonio igualitario, del 69 % al 67 %; el apoyo a la protección frente a la discriminación, del 80 % al 76 %; y la oposición a las denegaciones de servicio por motivos religiosos—. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el apoyo al matrimonio igualitario bajó del 79 % en 2018 al 74 % en 2022 y al 71 % en 2023. Ambos sondeos coinciden con la inflación pospandemia y con una oleada de iniciativas legislativas donde la ACLU contabilizó más de 275 proyectos de ley contra derechos LGTBI en las legislaturas estatales a comienzos de 2024.

La violencia y el efecto de los discursos de odio fuera de las instituciones o el trabajo también se hace notar en épocas de crisis. En el estado español el porcentaje de personas homosexuales que declararon haber sufrido agresiones físicas o verbales pasó del 6,80 % en 2024 al 16,25 % en 2025: más del doble en un año. En 2025, además, un 42,5 % declaró haber sufrido alguna situación de rechazo o discriminación; la calle concentra el 35,3 % de las agresiones y los centros educativos el 16,9 %.

El aparato legal

La historia penal de los países capitalistas no respalda la idea de un retroceso automático de la hostilidad a medida que avanzan la prosperidad y la escolarización. Esos Estados mantuvieron leyes represivas durante buena parte del siglo XX, las aplicaron con dureza y, en algún caso, reprodujeron sin reparos las de regímenes anteriores.

Alemania: el Párrafo 175 y su continuidad

El caso alemán permite comparar la misma ley bajo distintos sistemas económicos. El Párrafo 175 entró en el código penal en 1871 y castigaba las relaciones sexuales entre hombres. Durante el Imperio y la República de Weimar su aplicación fue limitada —centenares de condenas al año— porque exigía probar actos equiparables al coito. En 1935, el régimen nazi eliminó ese requisito y elevó las penas; las condenas se multiplicaron por diez. Según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, durante el periodo nazi hubo alrededor de 100.000 detenciones, de las que unas 53.400 terminaron en condena ante tribunales ordinarios; entre 5.000 y 15.000 hombres fueron enviados a campos de concentración, marcados con un triángulo rosa, donde sufrieron una mortalidad muy elevada.

El dato decisivo llega después de 1945. La Alemania Occidental conservó intacta la versión que los nazis habían dado a la ley en 1935. Lejos de alejarse de dichas tendencias, en 1957, su Tribunal Constitucional la declaró compatible con la Constitución. Entre 1949 y 1969 se registraron unas 59.000 condenas más, y el total hasta 1994 ascendió a unos 64.000 —es decir, más que bajo el propio régimen nazi—. La reforma no llegó hasta 1969 y la equiparación plena de la edad de consentimiento hasta 1994; las condenas no se anularon oficialmente hasta 2017. En contraste, la Alemania Oriental, socialista, revirtió las modificaciones nazis en 1950, dejó de aplicar la persecución desde 1957 y derogó la norma en 1968.

Estados Unidos

En la mayor potencia capitalista, la persecución alcanzó su punto álgido a mediados del siglo XX. En 1950, un comité del Senado concluyó que los empleados homosexuales del Gobierno debían ser excluidos por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional; en 1953, una orden ejecutiva del presidente Eisenhower añadió la conducta homosexual a las causas de despido público. Entre 5.000 y 10.000 trabajadores federales fueron despedidos o forzados a dimitir por este motivo, y el lenguaje de aquella orden permaneció vigente hasta 1995. A escala estatal, el Tribunal Supremo avaló las leyes que castigaban las relaciones homosexuales en 1986 (Bowers v. Hardwick) y no fueron declaradas inconstitucionales en todo el país hasta 2003 (Lawrence v. Texas): en el país que se presentaba como campeón de las libertades, fue delito hasta el siglo XXI.

Reino Unido

Una enmienda de 1885 criminalizó la "indecencia grave" entre hombres. Bajo ella fue condenado el escritor Oscar Wilde en 1895, a dos años de trabajos forzados, y, medio siglo después, el matemático Alan Turing —decisivo para descifrar los códigos alemanes en la guerra—, en 1952: sometido a un tratamiento hormonal forzoso y privado de su acreditación de seguridad, murió en 1954. Se calcula que entre 50.000 y 75.000 hombres fueron condenados antes de la despenalización parcial de 1967. El Estado no “perdonó” a Turing hasta 2013, ni al resto de condenados hasta 2017.

Estado español

Una reforma de 1954 incluyó a los homosexuales entre los perseguidos por la Ley de Vagos y Maleantes, y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 previó su internamiento para "rehabilitarlos". Entre 4.000 y 5.000 personas fueron detenidas, encarceladas o internadas por su orientación durante la dictadura. La persecución no se levantó hasta 1979 y el matrimonio igualitario no se reconoció hasta 2005. Pero, como muestra la parte siguiente, la igualdad legal no ha bastado para borrar las desigualdades hoy en día.

La huella económica hoy

Tomando en cuenta únicamente la faceta económica del problema, ya se demuestra de forma clara la ineficacia de las leyes que buscan abolir las discriminaciones. Sin ir más lejos, en el estado español la igualdad legal está reconocida desde hace años, y en cambio la brecha sigue estando patente.

Pobreza, paro y precariedad

El informe Estado LGTBI+ 2024 de la principal federación del sector (FELGTBI+) la siguiente información.

El riesgo de pobreza casi duplica al general y la "baja intensidad de trabajo" casi lo dobla, señal de una inserción laboral más precaria. La desventaja se concentra en dos grupos principales: las mujeres del colectivo, con más paro, y las personas mayores, cuyo 40 % de desempleo entre las mayores de 60 años se explica en buena parte porque, al quedar con frecuencia fuera del modelo familiar tradicional, pierden también la red de apoyo y cuidados que el sistema da por supuesta en la vejez.

La situación de las personas trans

En este contexto, cabe mencionar que las personas trans soportan la expresión más aguda de la misma dinámica discriminatoria. Un estudio del Ministerio de Igualdad (2022) documenta una práctica expulsión del mercado de trabajo.

Lo más elocuente es la independencia del paro respecto de la formación. El estudio muestra que personas con estudios universitarios y de posgrado acaban igualmente en el desempleo o en empleos muy por debajo de su cualificación.

Europa y el resto del mundo

La situación del estado español no es una excepción. A escala europea, la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), realizada en 2023 con más de 100.000 participantes, documenta que un 36 % del colectivo LGTBI se sintió discriminado en al menos un ámbito en el último año (frente al 42 % de 2019), que un 14 % sufrió una agresión física o sexual en los cinco años previos (frente al 11 % anterior) y que más de la mitad —uno de cada dos— fue víctima de acoso por odio en los doce meses anteriores (frente a uno de cada tres en 2019). Las personas trans (54 % de discriminación) e intersexuales (61 %) registran las cifras más altas; por países, Bulgaria y Chipre encabezan la discriminación (48 %) y Bulgaria (18 %) y Letonia (17 %), la violencia física.

En el plano internacional, la brecha salarial es uno de los indicadores más sólidos. Un metaanálisis de 31 estudios publicados hasta 2012 reportó que los hombres gais y bisexuales ganan de media en torno a un 11 % menos que hombres heterosexuales, con un rango del 0 % al 30 % según el país y la metodología. Trabajos anteriores cifraban esa penalización entre el 11 % y el 27 %, controlando educación, experiencia, ocupación, estado civil y región. Otro metaanálisis más reciente, con estudios de 2012 a 2020, la situó en torno al 6,8 % para los hombres gais y al 10,3 % para los bisexuales.

La OCDE, en un informe de 2019 que reunió alrededor de medio centenar de estudios, concluyó que las personas del colectivo LGTBI tienen aproximadamente un 7 % menos de probabilidad de estar empleadas y unos ingresos en torno a un 4 % más bajos. Y, lo más revelador, en los experimentos controlados —currículos idénticos que solo difieren en una señal sobre la orientación— un solicitante identificado como homosexual tiene en torno a una vez y media menos de probabilidades de ser llamado a una entrevista.

Fuentes de interés

• Pew Research Center, The Global Divide on Homosexuality Persists (2020, datos de 2019).
• Gallup, Values and Beliefs (serie 2001–2026; medición de mayo de 2026).
• Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), EU LGBTIQ Survey III (2024, datos de 2023).
• ILGA World, informes sobre la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (2023–2024).
• Metaanálisis sobre orientación sexual e ingresos (Klawitter, 2015; Drydakis, 2022; Badgett, 1995) y estudio sobre desigualdad e (in)tolerancia en 35 democracias (Andersen y Fetner, 2008).
• Archivo del Senado de Estados Unidos y orden ejecutiva de 1953; legislación española (Ley de Vagos y Maleantes, 1954; Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 1970).
• Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884).