La acumulación de datos estadísticos recabados por diversas instituciones entre los años 2023 y 2026 evidencia una correlación directa entre la exclusión del mercado de trabajo regulado y los elevados índices de violencia que sufren las personas trans, tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. El informe ‘Estado del Odio 2026’, publicado por la FELGTBI+, sitúa a la población trans como uno de los perfiles con mayor riesgo de sufrir discursos de odio, acoso y agresiones físicas.

Esta hostilidad social se manifiesta de manera cuantitativa en el ámbito laboral, un entorno donde el colectivo padece una discriminación sistemática. De hecho, los indicadores de la Estrategia para la Inclusión Social de las Personas Trans 2025-2028, desarrollada por el Ministerio de Igualdad junto con estudios exploratorios previos sobre inserción sociolaboral, sitúan la tasa de desempleo de este sector de la población en torno al 46,5%, una cifra que se agrava significativamente en determinados subgrupos y que convive con una "baja intensidad laboral" (trabajar menos horas de las deseadas) y barreras infranqueables en los procesos de selección.

Esta falta de alternativas en la economía formal provoca que un porcentaje considerable de personas trans, especialmente las mujeres, se vea abocado a la prostitución como estrategia de subsistencia económica ante la falta de ingresos. El informe titulado ‘Las Olvidadas’, publicado en 2023, aporta datos concluyentes al respecto, señalando que al menos el 72% de las mujeres trans en entornos de prostitución en el Estado español se inició en esta actividad debido exclusivamente a motivos de 'urgencia financiera' o a la 'absoluta ausencia de oportunidades de empleo', representando para el 90% de ellas su principal fuente de ingresos. Además, debido a la falta total de recursos y a su situación administrativa irregular, muchas terminan siendo explotadas por redes de trata.

Este estudio resalta además la prevalencia de una discriminación múltiple, donde la transfobia se solapa con el racismo, afectando especialmente a las mujeres migrantes procedentes de América Latina que a menudo se ven atrapadas en situaciones de desamparo o redes de trata. En esta misma línea, investigaciones de ámbito autonómico como las realizadas en la Región de Murcia o a través de los colectivos de Transmadrid confirman que más del 48% de las mujeres trans en estas comunidades han tenido que ejercer la prostitución en algún momento de sus vidas.

Un odio letal

A escala global, la desprotección socioeconómica y la violencia letal siguen un patrón homólogo que ha sido rigurosamente monitorizado por organizaciones internacionales de derechos humanos. El informe ‘Trans Murder Monitoring’ de la entidad Transgender Europe (TGEU), publicado en 2025, constató el asesinato violento de 281 personas trans en el último año a nivel mundial, elevando la cifra acumulada a más de 5.320 asesinatos registrados desde el inicio del registro histórico en 2009.

El desglose de los datos de TGEU revela que el 90% de las víctimas mortales eran mujeres trans, y que el 34% de ellas se encontraba en situación de prostitución, detectándose además un incremento notable en el asesinato de activistas dedicados a la defensa del colectivo, principalmente en América Latina. Esta realidad se replica en otras potencias. En Estados Unidos, por ejemplo, varios estudios arrojan que el 13% de mujeres trans "blancas" y hasta un 44% de las "no blancas" se ven obligada a prostituirse, una proporción que alcanza cotas de entre el 80% y el 90% en varios países de la región de Asia-Pacífico.