La devastación que ha dejado el Estado genocida de Israel en la Franja Gaza ha generado un mercado de magnitudes excepcionales, que crea incentivos económicos directos para actores estatales y corporativos. Las necesidades totales de reconstrucción y recuperación de la devastación provocada por los sionistas en el territorio se estiman en aproximadamente 53.0–53.2 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones preliminares del Banco Mundial. De ese monto, solo los daños directos a las estructuras físicas se valoran en torno a 29.9–30.0 mil millones de dólares, dentro de los cuales la vivienda representa el 53%, lo que sitúa al sector inmobiliario como la fuente principal de contratos de obra y suministro.

Fondos como BlackRock o Goldman Sachs ya esperan poder sacar tajada de ello, después de haber comprado numerosos bonos de guerra israelíes. La fase inicial de la "recuperación" está determinada por volúmenes masivos y costes operativos inmediatos: entre 41 y 47 millones de toneladas de escombros requieren gestión y remoción, convirtiendo la limpieza en un sub-mercado con contratos tempranos y altamente rentables.

Este "mercado de escombros" representa una opción de negocio inmediata y de bajo riesgo. La remoción de casi 23 millones de toneladas de material demolido, según estimaciones iniciales de la ONU, crea una demanda garantizada de maquinaria pesada. Contratos ya firmados de empresas como Caterpillar (CAT) y JCB se benefician por partida doble: primero, sus equipos son utilizados en operaciones militares de demolición y, posteriormente, son indispensables para la limpieza. La destrucción de las excavadoras locales existentes asegura un flujo de caja rápido para estas grandes corporaciones a través de licitaciones de "agencias humanitarias", convirtiendo la tragedia en un ciclo de beneficios seguro.

El lucro no se detiene en la limpieza de escombros: el complejo militar-industiral, con empresas como RTX (ex-Raytheon) y Elbit Systems a la cabeza, se benefician directamente del genocidio y la destrucción que deja mediante la venta de armamento. La nueva realidad en Gaza, determinada por el control que quiere imponer EE.UU., requeriría tecnologías avanzadas de vigilancia, muros y cercas inteligentes, asegurando una continuidad en la demanda para estas mismas compañías.

Paralelamente, actores estatales como Emiratos Árabes Unidos ya han materializado su interés a través de proyectos estratégicos, como un acueducto de 7.5 km que suministraría 7.5 millones de litros de agua al día. Aunque presentado como "ayuda", el control sobre un recurso vital como el agua sitúa a las empresas del Golfo en una situación privilegiada para futuros contratos de energía y desalinización, convirtiendo la llamada "ayuda humanitaria" en un trampantojo geopolítico y económico, donde las petromonarquías del Golfo pueden cerrar el grifo cuando les plazca.

Pero también se perfilan megaproyectos que revelan la magnitud de las ambiciones corporativas. El consorcio egipcio Talaat Moustafa Group ha propuesto un plan de $27 mil millones para construir 200.000 viviendas. Más controvertidas aún son las declaraciones del ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre supuestas negociaciones con empresas de Estados Unidos —señalando implícitamente a gigantes como Bechtel y Fluor— con el objetivo de "dividirse Gaza después de la guerra".

Esta visión de la reconstrucción como un proyecto de inversión expone la grotesca realidad: la catástrofe humanitaria de millones de personas se ha traducido en un plan de negocio redondo.