Bélgica vivió el 14 de octubre una huelga general nacional convocada por los tres principales sindicatos, FGTB/ABVV, CSC/ACV y CGSLB/ACLVB, que paralizó el transporte aéreo, terrestre y los servicios públicos en todo el país, en rechazo a los recortes en el gasto público propuestos por el gobierno derechista de coalición liderado por el primer ministro Bart De Wever. Todos los vuelos de salida desde los aeropuertos de Zaventem (Bruselas) y Charleroi fueron suspendidos, mientras que las llegadas a Charleroi se cancelaron por completo. En Bruselas, la mayoría de las líneas de metro, autobús y tranvía quedaron inoperativas, según informó la operadora pública STIB, lo que obligó a una multitudinaria marcha de protesta a recorrer el centro de la capital bajo estrictas medidas de control policial.

Los incidentes durante la manifestación, que reunió a unas 80.000 personas, incluyeron actos de sabotaje como pequeños incendios cerca de la carretera de circunvalación de la capital y enfrentamientos entre grupos de manifestantes y unidades antidisturbios, resultando en varias personas heridas y al menos una docena huelguistas detenidos. La policía de Bruselas disparó gases lacrimógenos para reprimir a los participantes. Además, el paro se extendió a servicios esenciales: La recogida de basuras y el funcionamiento de hospitales se limitaron a emergencias, superando incluso las interrupciones anunciadas previamente por las autoridades.

La acción sindical representa la cuarta huelga general desde que De Wever, del partido nacionalista flamenco N-VA, asumió el cargo el 15 de febrero de este año al frente de una coalición derechista, compuesta por N-VA, CD&V, Vooruit, MR y Les Engagés, tras las elecciones federales de junio de 2024. Las protestas apuntan a las reformas de pensiones que buscan equiparar la edad de jubilación entre sectores público y privado, elevándola potencialmente a 67 años. También denuncian las condiciones del mercado laboral y los recortes en prestaciones sociales y sanitarias. De Wever ha defendido estas medidas como "irreversibles" para corregir desequilibrios fiscales, pero ha fracasado en alcanzar un acuerdo presupuestario. 

"Correciones estructurales"

El déficit presupuestario de Bélgica cerró 2024 en el 4,5% del PIB, superando el límite del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, mientras que la deuda pública alcanzó el 104,7% del PIB. Estas cifras, confirmadas por Eurostat, activaron un procedimiento de déficit excesivo (EDP) contra Bélgica por parte del Consejo de la UE en julio de 2024, exigiendo "correcciones estructurales" para 2029. Por ello, el gobierno de De Wever busca ahorrar 10.000 millones de euros anuales sin elevar impuestos, priorizando la indexación salarial y el IVA, pero las negociaciones con socios de coalición, incluidos socialdemócratas y democristianos, se han estancado, incrementando la presión social y política en un país con una fuerte tradición sindical, donde la afiliación alcanza hasta el 50% de los asalariados.