Torrelodones crea una subvención destinada a rentistas "para afrontar los costes de viviendas ocupadas"
El Ayuntamiento del PP impulsará una línea de ayudas de 300 euros anuales para quienes “sufran ocupación ilegal”; crecen las acusaciones de alimentar alarma social y subvencionar a caseros.
El Ayuntamiento de Torrelodones (Comunidad de Madrid) ha anunciado la creación de una línea de ayudas para vecinos que “sufran la ocupación ilegal de su vivienda”. La medida fue presentada este martes por la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, del Partido Popular. Negro informó que su consistorio prevé destinar hasta 300 euros anuales durante un máximo de tres años a propietarios de viviendas alquiladas cuyos inquilinos no paguen el alquiler y se encuentren en proceso judicial de desahucio, según informa COPE de la Sierra. Las solicitudes se gestionarán a través del área de Servicios Sociales, que evaluará cada caso.
Los requisitos incluyen estar empadronado en el municipio, residir en él de forma habitual y haber presentado ya la demanda de desahucio. Durante la presentación de la medida, en la que también participó el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), conocido por sus políticas de "mano dura" contra sectores vulnerables y marginalizados. Ambos alcaldes reclamaron al Gobierno español que apruebe la llamada “Ley Antiocupación”, paralizada en el Senado.
Piden el "desalojo exprés"
“Mientras ellos estén gobernando con los socios de legislatura que tienen, no van a modificar ningún tipo de ley para acelerar las desocupaciones”, afirmaba García Albiol. Por su parte, Negro insistió en pedir el “desbloqueo” de esa norma, que permitiría “el desalojo en 24 horas”.
El anuncio se sitúa dentro de la campaña contra la ocupación, que cumple varios ya varios años en los medios de comunicación y en los discursos públicos de algunos partidos políticos, especialmente los de derecha y extrema derecha. En este caso, varios gobiernos locales del PP y la Comunidad de Madrid, pretenden seguir presentan la ocupación como una “emergencia de seguridad” más que como un problema estructural de vivienda.
El movimiento por la vivienda y organizaciones sociales critican este tipo de medidas por destinar recursos públicos a compensar a rentistas, mientras los precios del alquiler y la falta de vivienda pública siguen perjudicando a amplios sectores sociales. Denuncian también que la mayor parte de los casos de “ocupación” mediatizados corresponden a conflictos de impago o desahucios pendientes con inquilinos que tienen dificultades económicas de afrontar los gastos. Frente al enfoque criminalizador de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, los movimientos que se organizan para luchar en el ámbito de la vivienda reclaman medidas efectivas para atajar la crisis de vivienda del Estado español.
