La Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por exportaciones ilegales de acero a Israel
La investigación abierta tras una denuncia de la Comunitat Palestina de Catalunya y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel abre un incierto precedente.
La Audiencia Nacional española ha imputado al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos de la empresa, por presuntos delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio, relacionados con la venta de acero a la compañía israelí Israel Military Industries (IMI).
Según informaba la Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) dentro de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, el juez Francisco de Jorge, instructor del caso, levantó este jueves el secreto de sumario, aunque la acusación popular aún no ha tenido acceso al auto. La investigación se inició a raíz de una querella presentada en julio por la Comunitat Palestina de Catalunya–Terra Santa, después de que un juzgado de Barcelona rechazara medidas urgentes para frenar el envío marítimo del material para la Entidad sionista.
El tribunal ha citado a los tres investigados a declarar el próximo 12 de noviembre, junto a las denunciantes. En la resolución, el magistrado del tribunal de excepción considera que “las partidas de acero se vendieron sin la autorización del Gobierno español y sin figurar en el registro de exportaciones de material de defensa y doble uso, incumpliendo la normativa vigente”, de acuerdo con la información difundida por RESCOP en una nota de prensa emitida este viernes. El abogado David Aranda, de Arrels Advocats, ha calificado la imputación como “un hito muy relevante”, y ha subrayado que el avance judicial “lanza un mensaje claro para poner fin a la impunidad de aquellos que se lucran de un genocidio”.
En RESCOP sostienen que el caso puede sentar un precedente contra las empresas cómplices del genocidio. “La impunidad no es una opción”, declaraba su portavoz Alys Samson, mientras que Natalia Abu-Sharar, presidenta de la Comunidad Palestina de Catalunya, exigió “que se apliquen sin demora los controles de exportación y las sanciones correspondientes”. Patricia Lezama, de BDZ Euskal Herria, recordó que “otras operaciones siguen activas, como la de la empresa vasca CAF en territorio ocupado”.
La Campaña y las organizaciones denunciantes exigen un embargo integral y real de armas al Estado genocida de Israel, la apertura de una investigación administrativa y sancionadora sobre Sidenor, y que las Autoridades Portuarias aclaren el paradero de 122 toneladas y 40 lotes de acero de la empresa, detectados en el Puerto de Barcelona el pasado julio y cuyo destino actual se desconoce. Sidenor, una de las principales acerías del Estado español, anunció entonces que dejaría de exportar acero al Estado de Israel, pero según las organizaciones, las partidas implicadas “siguen sin aparecer”.
