La imputación del presidente de Sidenor desbarata el rescate de Talgo
La operación del SEPI y el Gobierno vasco peligra por la investigación de los contratos armamentísticos con Israel.
El rescate de la empresa Talgo a través de fondos públicos ha recibido su último revés con la imputación judicial de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por vender acero a la industria militar genocida israelí sin autorización. Jainaga, un burgués de la industria siderúrgica vasca, encabeza el consorcio junto con SEPI y el ejecutivo autonómico de Imanol Pradales, con visos de adquirir el 29,7% del capital del fabricante de trenes, operación que suponía 150 millones entre ampliación de capital y deuda convertible, ya avalada por el Consejo de Ministros del Gobierno español este verano.
Ahora, está siendo investigado por contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad. El auto dictado por la Audiencia Nacional española, que le señala por haber enviado ilegalmente hasta 989 toneladas de acero a los genocidas, ha dinamitado la “solución nacional” propuesta, después de que Moncloa vetara cualquier venta a fondos internacionales del sector ferroviario, y ahora menaza con naufragar tanto las negociaciones en curso como la entrada del Estado en Talgo, que arrastra un hoyo de más de 100 millones de pérdidas anuales y enfrenta sanciones millonarias de Renfe. Fuentes gubernamentales admiten ante La Vanguardia que, tras la imputación de Jainaga, “la operación no tiene recorrido” y habría que buscar otra salida, mientras el PNV da por “muerta” la propuesta del Ejecutivo autonómico y la SEPI no parece dispuesta a involucrarse en más rescates judicializados.
La presión política y empresarial para salvar a Talgo se tradujo este año en la participación forzosa de la SEPI tras el rechazo a la OPA húngara de Ganz-MaVag, que desembocó en el plan público de inyectar 75 millones para “proteger un sector estratégico”. Sin embargo, la operación sigue lastrada por la falta de liquidez y el miedo a nuevas pérdidas entre los socios públicos y privados, que tendrían que aceptar fuertes pérdidas.
Todo el proceso pone sobre mesa la fragilidad de los rescates industriales con dinero público y la red clientelar de intereses cruzados entre grandes corporaciones del acero, ejecutivos autonómicos y el Estado. Además, pone de manifiesto que incluso una tímida investigación de la corresponsabilidad de la industria occidental en crímenes de lesa humanidad pone en evidencia cuáles son los orígenes de las ganancias del capital industrial europeo.
