Cuatro antifascistas de València enfrentan juicio el 17 de diciembre por una pelea con neonazis
Los neonazis denunciantes están representados por la hija del líder de España 2000, empresario vinculado al sector del "alterne" y la seguridad privada. Los acusados niegan los cargos y denuncian irregularidades policiales.
Cuatro jóvenes antifascistas de València serán juzgados el próximo 17 de diciembre, acusados de un supuesto “delito de discriminación ideológica” y anteriormente de “delito de odio” por un enfrentamiento de menos de un minuto con cinco militantes neonazis ocurrido el 30 de julio de 2021 cerca del estadio de Mestalla. Según recogían El Salto y La Directa, los antifascistas aseguran que fueron insultados con expresiones racistas por parte del grupo fascista antes de producirse una breve pelea, tras la cual los neonazis huyeron. Los agentes de paisano de la Brigada Provincial de Información que intervinieron detuvieron únicamente a los antifascistas, y no a los agresores. El atestado policial destacaba incluso un tatuaje antifascista de uno de los jóvenes como supuesto indicio “delito de odio”.
Los ahora denunciantes pertenecen al entorno de la extrema derecha valenciana. Según La Directa, tres de ellos —Antonio Martínez Albert, María de los Ángeles Murillo Cervantes y Jesús Manjavacas Alonso— aparecen en fotografías junto al cuarto, Jorge Plaza Vallés, militante de Bastión Frontal y miembro del servicio de seguridad del partido fascista España 2000. Plaza, detenido en mayo por una agresión a un joven sin filiación política tras una manifestación de su grupo, trabaja para la empresa de desalojos extrajudiciales Fuera Okupas, vinculada al mismo entorno político. Todos ellos están representados por la abogada María Roberto Ramón, hija de José Luis Roberto, alias El Cojo, líder de España 2000, empresario del gremio de los "clubs de alterne" y propietario de la empresa de seguridad Levantina de Seguridad SL.
La Fiscalía pide penas de entre 4 y 6 años
La abogada de los denunciantes solicita penas de hasta ocho años y tres meses de prisión para tres de los antifascistas, y de catorce años y tres meses para el cuarto, además de un embargo cautelar de 7.600 euros y cerca de 80.000 euros en concepto de multas e indemnizaciones. Sin embargo, más allá de la Brigada de Información, la Fiscalía también ha amparando a los neonazis y sus abogados, pidiendo entre cuatro y seis años de cárcel. Los jóvenes, en libertad provisional y obligados a firmar periódicamente en los juzgados, afirman que el proceso judicial es fruto de un acoso político coordinado entre los grupos fascistas y la policía. “Después de haber sufrido insultos racistas, somos nosotros quienes hemos sido encañonados, denunciados y detenidos”, declaraba uno de los encausados a La Directa.
El delito de "discriminación ideológica", amparando a neonazis
La acusación de “discriminación ideológica”, anteriormente “delito de odio”, contra militantes antifascistas no es un hecho aislado. Como señalan numerosos juristas y organizaciones de derechos humanos, este tipo de acusaciones se ha empleado en múltiples ocasiones contra personas migrantes, LGTBI o militantes de organizaciones antifascistas, pervirtiendo el sentido jurídico de un tipo penal que nació, en teoría, para "proteger a colectivos vulnerables", no a neonazis.
Los acusados lanzaron la campaña Els 4 Antifes de València para denunciar "una ofensiva política y judicial" de la extrema derecha con el apoyo de la Brigada de Información contra el movimiento antifascista valenciano.
