Cuatro de los cinco condenados por violencia de género en Vox son del País Valencià
Con un historial de al menos un diputado, un subsecretario y tres cargos con sentencias firmes por maltrato, amenazas y lesiones a mujeres, es la única formación que mantiene a un maltratador condenado en el Congreso.
Una revisión de sentencias judiciales y fuentes periodísticas muestra que al menos cinco cargos públicos u orgánicos de Vox han sido condenados con sentencia firme por delitos de violencia de género o equivalentes desde 2002. Cuatro entre cinco son del País Valencià: un diputado estatal en activo, un subsecretario autonómico, dos concejales y un candidato a la alcaldía.
El partido ha cesado o forzado la dimisión en la mayoría de los casos locales, pero mantiene en su escaño al diputado Carlos Flores, con historial de maltrato psicológico reiterado probado en 2002 ante los tribunales. El partido defiende su permanencia de "por la antigüedad" de su sentencia, lo que ha generado cuestionamientos éticos y políticos en una formación que se presenta a sí misma como defensora de la “familia tradicional” y la “seguridad ciudadana”.
Los casos confirmados
Carlos Flores Juberías
Diputado en el Congreso por València y ex cabeza de lista a la Generalitat, condenado en 2002 por violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja. La sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial, incluyó frases como "Te voy a joder toda la vida hasta que te mueras". La pena fue de un año de prisión (sustituido por multa), tres años de alejamiento y 6.000 euros de indemnización. Sigue en activo en el Congreso y participa en actos públicos y privados del partido. En 2024, el ayuntamiento de València le otorgó un "premio de igualdad" por un relato literario sobre la materia.
Luis Manuel Martín Domínguez
Subsecretario de Justicia de la Generalitat Valenciana (a propuesta de Vox) y funcionario de prisioneas condenado en 2011 por violencia de género por pegar un puñetazo en el hombro y amenazar con cuchillo a su esposa delante de su hijo. Recibió una pena de 11 meses de alejamiento. Lo ocultó al ser nombrado, pero fue cesado cuando se descubrió.
Javier Liso Salesa
Concejal en Badajoz, condenado en 2024 por insultos y amenazas en el ámbito de violencia de género. Aceptó la pena en un juicio rápido, presentó su dimisión y fue sustituido en el acta. Previamente, Vox lo había incluido como candidato en las listas de las elecciones generales.
Enrique Mulet
El pasado septiembre, el concejal Vox en Benicàssim (Castelló, País Valencià) fue condenado por tentativa de lesiones contra su pareja durante un episodio de violencia machista en agosto de 2024. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Castellón emitió una sentencia de conformidad. Entregó el acta y Vox le abrió un "expediente disciplinario".
David Pérez Brígido
Candidato a la alcaldía de Benidorm (Alacant, País Valencià) condenado en 2019 por violencia de género: pegó puñetazos, agarró del cuello y amenazó de muerte a su exmujer. Finalmente lo apartaron de la candidatura.
Comparativa con otros partidos
En el mismo período (2002-2025) que afecta al partido de Santiago Abascal, las condenas por violencia de género en cargos públicos también salpicaron a otros partidos, con un total de al menos 15 casos confirmados entre las principales formaciones con representación parlamentaria. El PSOE registra 4 casos (como el histórico de Jesús Egiguren, activo tras condena en 1992, o el reciente de Ángel Hernández en 2024), el PP 3 (destacando el caso de Nevenka Fernández en 2001, aunque la condena fue en 2002), Unidas Podemos/Sumar 2 (con dimisiones inmediatas, como la de Miguel Ángel Bustamante e Íñigo Errejón, este último cesado por acusaciones y sin condena firme por el momento) y otros partidos como ERC, con uno.
La diferencia de Vox radica en que, pese a ser un partido fundado en 2013, presenta la mayor proporción relativa de casos (5 en 12 años) y es el único que mantiene en activo a un diputado del Congreso condenado (Flores), mientras que el resto de formaciones aplican expulsiones o dimisiones en más del 80 % de los casos. Todos los partidos cuentan con códigos éticos específicos para la violencia machista, pero Vox ni siquiera cumple este formalismo. De hecho, destaca por negar la violencia de género y emplea el concepto tradicional de “violencia intrafamiliar”, lo que genera críticas por negar el carácter específico y estructural de la violencia machista.
