Un dictamen jurídico de la Eurocámara afirma que la sanción contra Hüseyin Doğru es ilegal
Concluye que las sanciones que han dejado en muerte civil al periodista por su cobertura de Palestina violan múltiples derechos fundamentales y carecen de las debidas garantías procesales.
Un dictamen jurídico encargado por miembros no adscritos del Parlamento Europeo y elaborado por la exjueza del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Prof. Dra. Ninon Colneric, y la profesora de Derecho Internacional, Dra. Alina Miron, concluye que el régimen de sanciones de la UE contra personas físicas por supuesta "desinformación" no cumple con el Derecho de la UE ni el Derecho Internacional.
El informe, fechado el 31 de octubre de 2025 y obtenido por el periodista alemán comunista sancionado Hüseyin Doğru, analiza la legalidad de las medidas restrictivas basadas en la "manipulación e interferencia informativa" bajo el pretexto de las "actividades desestabilizadoras de Rusia". El documento sostiene que este sistema de sanciones vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, la protección de datos, la libertad de circulación y el derecho a ejercer una profesión.
Según el dictamen, el Reglamento del Consejo (UE) 2024/2642, que implementa las sanciones financieras, no incluye las "disposiciones necesarias sobre garantías jurídicas" exigidas por el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), como la información sobre la protección judicial disponible.
"Van más allá de lo necesario en una sociedad democrática"
En relación con la libertad de expresión, el informe es contundente: las sanciones por "desinformación" exceden los límites de "una sociedad democrática" al no limitarse a los casos en los que sea"manifiesto" que la información es "desinformación" y que esta contribuye a las supuestas "actividades desestabilizadoras de Rusia", que la UE no ha probado en ningún momento. El texto advierte de que el régimen sancionador "es susceptible de disuadir a periodistas y a otras personas de ejercer su derecho a la libertad de expresión e información".
Una de las críticas más severas se refiere a la falta de derecho a ser escuchado antes de ser incluido en la lista de sancionados. El dictamen recuerda que no es conforme al Derecho de la UE denegar a las personas acusadas de desinformación el derecho a ser oídas antes de que se adopte la decisión de inscripción, violando también el derecho a una buena administración.
Además, el dossier señala que la publicación de los motivos de la inclusión en las listas y de datos personales como la dirección del sancionado vulnera el derecho a la protección de datos. Las sanciones, que congelan fondos y prohíben que se pongan a disposición recursos económicos, hacen "prácticamente imposible" que una persona que viva en la UE "ejercer un trabajo remunerado o llevar a cabo una actividad empresarial", violando los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y dejando al afectado en una situación de muerte civil.
El caso Doğru
El periodista Hüseyin Doğru, fundador de la ya disuelta red de medios RED. (redstreamnet) por la acción de Bruselas, fue sancionado administrativamente por la UE el 3 de octubre de 2025. Se le acusa de operar medios "con estrechas conexiones financieras y organizativas con entidades y actores de la propaganda estatal rusa" y de "difundir sistemáticamente información falsa" con la intención de "crear discordia étnica, política y religiosa", incluyendo "la difusión de las narrativas de grupos terroristas radicales islámicos como Hamas".
Doğru, que se ha autodenominado "orgullosamente sancionado por la UE por informar sobre Palestina", ha divulgado el dictamen jurídico en la red social X (antes Twitter). En su hilo, el periodista recuerda: "Me está prohibido viajar, trabajar, acceder a mis cuentas y mantener a mi familia SIN una audiencia ni debido proceso".
🧵 Important development: The EU's own legal experts (one a former ECJ judge) confirm what I've said all along - sanctions on JOURNALISTS like me violate EU law.
— Hüseyin Dogru (@hussedogru) November 12, 2025
I'm banned from travelling, working, accessing my accounts & supporting my family WITHOUT a hearing or due process. pic.twitter.com/rDSatDdeGc
El dictamen corrobora esta grave situación al describir el efecto de las sanciones sobre el periodista: "La persona en cuestión ya no puede recibir ningún beneficio económico, ni siquiera a cambio de un trabajo asalariado".
Consecuencias políticas y vías de recurso: "La UE ha cruzado el Rubicón"
El informe no solo analiza la ilegalidad de las sanciones, sino que también responde a la pregunta de si el Parlamento Europeo puede impugnarlas. La conclusión es que el PE "puede interponer un recurso de anulación del Reglamento del Consejo (UE) 2024/2642", que es el acto jurídico directamente aplicable en los estados miembros.
El dictamen, citado por el propio Doğru en sus redes sociales, llega a una conclusión contundente sobre el significado político de estas sanciones: "La UE ha cruzado el Rubicón, limitando una libertad [la de expresión] que es esencial para su identidad".
El análisis basado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aporta "más pruebas" de que las sanciones por desinformación "no se ajustan a la protección" que el Derecho Internacional concede, en teoría, a la libertad de expresión.
