La Casa Blanca ha designado a cuatro organizaciones europeas como "organizaciones terroristas globales especialmente designadas" por sus vínculos con el movimiento antifa. El Departamento de Estado estadounidense anunció este jueves las sanciones contra Antifa Ost (Alemania), la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (Italia), Justicia Proletaria Armada (Grecia) y Autodefensa Clasista Revolucionaria (Grecia).

El comunicado oficial del Departamento de Estado advierte que "las personas que participen en ciertas transacciones o actividades con aquellos designados hoy pueden exponerse a riesgo de sanciones". La medida, efectiva desde el 20 de noviembre según Al Jazeera, permite imponer sanciones secundarias contra "cualquier persona o entidad que realice transacciones con estos grupos".

Esta acción es otro paso más de la campaña de criminalización de Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again) contra el movimiento antifascista internacional, a quien en septiembre describió mediante orden ejecutiva como "una empresa militarista y anarquista que explícitamente exige el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos". El mandatario afirma que el movimiento "utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo".

Críticos e historiadores estadounidenses como el exiliado Mark Bray, autor del libro Antifa: El manual antifascista, critican estos señalamientos. Bray explica a Al Jazeera que "hablar de antifa en singular es engañoso y juega con los esfuerzos de Trump para reprimir a la izquierda". El historiador añade que "Antifa es un tipo de política, no un grupo específico, de la misma manera que existen grupos feministas pero el feminismo no es, en sí mismo, un grupo".

Expertos legales han expresado una preocupación similar sobre el impacto en las libertades políticas y civiles a ambos lados del Atlántico, señalando que las designaciones podrían afectar, por ejemplo, algunos derechos de Primera Enmienda sobre libre expresión y asociación. La medida coincide en un contexto donde la administración Trump ha expandido progresivamente la definición de "terrorismo" para incluir desde supuestos "carteles de droga", "pandillas latinoamericanas" y ahora movimientos de protesta de izquierda. En el caso de los "cárteles de droga", cualquier persona designada bajo esa categoría puede ser ejecutada sumariamente si viaja en una embargación en el Caribe.