El Supremo condena e inhabilita al fiscal general del Estado por revelación de secretos
La mayoría conservadora de la Sala II abre una crisis institucional sin precedentes y evidencia la disputa por el control de la judicatura.
El Tribunal Supremo español ha decidido este jueves apartar del cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz sancionándolo a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. La resolución —adoptada en el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, sin unanimidad y con los votos discrepantes de las magistradas "progresistas" Ana Ferrer y Susana Polo— anticipa un nuevo episodio de choque entre los distintos bloques del sistema judicial español, conformados por uno bajo influencia del PP y la extrema derecha y otro cercano al PSOE.
La Sala sostiene que García Ortiz, cercano al PSOE, deberá abonar otros 10.000 euros en concepto de "daños morales" a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. La condena no incorpora los otros delitos que pedía acusación. Pese a su gravedad política, el fallo llega sin sentencia redactada y sin que el tribunal haya hecho públicos sus argumentos, aunque se darán a conocer en los próximos días.
El caso vuelve a poner en evidencia cómo las estructuras judiciales, a partir de sus bases institucionales franquistas que siguen en pie, han sido moldeadas por décadas de nombramientos partidistas entre el PP y el PSOE, con algo más de peso de los sectores conservadores. La Fiscalía, en particular, ha sido habitualmente nombrada a dedo por el gobierno de turno, como llegó a insinuar en su momento el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La Fiscalía es un órgano decisivo para investigar la corrupción, a menudo convertida en herramienta de lucha política y económica partidista.
Ferrer y Polo, integrantes del llamado "sector progresista" del Supremo y autoras de los votos particulares, cuestionan la línea mayoritaria conservadora. Polo, ponente original del caso, fue posteriormente desplazada y la redacción final pasa a manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, una maniobra que expresa la correlación de fuerzas interna del tribunal.
El fallo tendrá efectos inmediatos: en cuanto la sentencia se notifique formalmente, García Ortiz se verá obligado a abandonar la Fiscalía General del Estado, dejando un vacío de poder en un momento en el que se discuten reformas clave sobre la supuesta "independencia judicial", los nombramientos y el control institucional entre facciones.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo ordena devolver o destruir los objetos incautados en los registros, un detalle que muestra que la causa no se ha traducido en hallazgos con impacto penal más allá del citado delito. Sin embargo, el efecto político es mayor e inmediato: el revés judicial supone un golpe directo al PSOE, puesto que muchos interpretan que las filtraciones de García Ortiz tenían como beneficiario político a Ferraz.
