Marlaska destina más de 262 millones en obras para comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil
La asignación ha sido declarada "de interés público" e incluye construcciones nuevas, rehabilitaciones y mejoras de eficiencia energética.
El Gobierno español ha aprobado este martes el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, que destina 262,8 millones de euros a un total de 130 obras en comisarías de la Policía Nacional española y cuarteles de la Guardia Civil, todas financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior. Esta asignación, declarada "de interés público" para agilizar trámites administrativos, incluye construcciones nuevas, rehabilitaciones y mejoras de eficiencia energética, programadas hasta finales de 2029. La medida llega en un contexto de aumento constante del gasto militar, tan solo unos días después de que el Gobierno aprobara otros 16.700 millones de euros en contratos armamentísticos.
La distribución de los fondos se dará de la siguiente forma: la Secretaría de Estado de Seguridad asumirá 19 proyectos por más de 44,2 millones, destacando nuevas comisarías en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), junto a cuarteles en Los Yébenes (Toledo) y Santanyí (Mallorca). La Dirección General de la Policía Nacional manejará 54 actuaciones con 103,7 millones, incluyendo edificaciones en Roquetas de Mar, Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid). Por su parte, la Guardia Civil ejecutará 51 obras por 89,7 millones, y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) seis más por 25,1 millones, como acuartelamientos en Mijas, Málaga y Miguelturra (Ciudad Real).
El anuncio, que forma parte de una continuidad con planes previos como el de 2019-2025 con 1.000 millones, ha sido recibido con escepticismo por organizaciones de derechos humanos. Mientras el Gobierno lo presenta como un paso hacia la "modernización general" para mejorar la "operatividad", críticos argumentan que el dinero podría haberse destinado a combatir el colapso sanitario generalizado en lugar de para mejorar la infraestructura represiva estatal.
