La sanidad pública madrileña adjudica el 99,5% de contratos sanitarios a dedo
Un informe revela que la administración trocea contratos de manera ilegal para evitar su concurso público y poder adjudicarlos directamente a multinacionales farmacéuticas y pymes a conveniencia.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha convertido los contratos menores, conocidos como adjudicaciones a dedo, en la práctica dominante de su contratación pública, alcanzando el 99,5% del total durante el período 2016-2020. Según un informe exhaustivo de 34 páginas elaborado por la asociación ciudadana Audita Sanidad, esta fórmula ha permitido gastar más de 4.000 millones de euros en suministros, servicios y obras sin someterlos a licitación competitiva, a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público establece límites claros para su uso, como importes inferiores a 15.000 o 40.000 euros según el tipo de encargo.
El análisis, basado en datos del Portal de Contratación Pública, evidencia un patrón sistemático muy claro: se fraccionan encargos mayores para poder así adjudicarlos sin concurso y eludir requisitos de publicidad y concurrencia.
Este abuso no solo vulnera el espíritu de la norma, diseñada para agilizar compras menores en entornos como hospitales, sino que también implica un sobrecoste estimado del 25%, alineado con estudios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Audita Sanidad calcula que, de los 4.000 millones invertidos, al menos 818 millones podrían haberse ahorrado mediante procedimientos competitivos, equivalentes a la construcción de 82 centros de salud de Atención Primaria o la contratación de 14.600 médicos para reforzar un sistema muy tensionado. En 2020, año álgido de la pandemia, la cifra escaló a 408.133 contratos menores por 900 millones de euros, con hospitales como el Ramón y Cajal liderando con 44.358 adjudicaciones por casi 99 millones.
¿A quién señala el dedo?
Las beneficiarias de este sistema son un mosaico de empresas que van desde pymes locales hasta gigantes multinacionales, lo que desdibuja por completo el presunto objetivo original de favorecer a pequeños proveedores. Por ejemplo, el Hospital Ramón y Cajal otorgó 1.641 contratos a la empresa de pinturas de Miguel González por 4,7 millones de euros en una década, mientras que Roche se llevó 4.707 acuerdos por 29,5 millones en 2020, y Siemens y Medtronic acumularon cientos de facturas troceadas por material de laboratorio y sanitario, superando en conjunto los 3,2 millones cada una en un solo año.
Estos casos ilustran un fraccionamiento ilícito, donde un mismo producto se divide en decenas de contratos para no superar umbrales legales, una práctica detectada en centros como el Clínico San Carlos o La Paz, y que la Cámara de Cuentas de Madrid ya señaló en informes previos como irregular en el 94% de los casos del Servicio Madrileño de Salud en 2017.
Difícilmente puede afirmarse que estos hechos eran desconocidos, ya que Audita Sanidad ha interpuesto numerosas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, la CNMC y el Defensor del Pueblo, pero todas han sido desestimadas por falta de "pruebas directas de comisiones", pese a la evidencia de sobrecostes y fraccionamientos. El economista Vicente Losada, miembro de la asociación, critica la ausencia de interés institucional en erradicar este foco de despilfarro, recordando el cese de una interventora andaluza por exponer irregularidades similares en 2021.
