Dimisiones y acusaciones de quedarse con fondos de la DANA sacuden a la cúpula de 'Revuelta'
El colectivo de investigación antifascista Sistema 161 publica una investigación al respecto, mientras sigue el cruce de acusaciones y dimisiones, y Vox guarda silencio.
La crisis interna en Revuelta, la asociación juvenil nacida en 2023 como brazo cultural de Vox, ha estallado esta semana con dimisiones en cadena y una denuncia ante la Fiscalía por presunto desvío de fondos recaudados para las víctimas de la DANA en Valencia de octubre de 2024. El detonante ha sido el comunicado del exvicepresidente Arturo Villarroya González, asesor de Vox en el Parlamento Europeo, quien junto a Javier Esteban Bejarano, presentó el 30 de noviembre una querella contra el presidente Jaime Hernández Zúñiga y sus colaboradores Pablo González Gasca y Santiago Aneiros. Alegan "irregularidades graves" en la gestión de cientos de miles de euros en donaciones, incluyendo posibles pagos a la empresa de Hernández, Picaporte, y retiradas de efectivo sin justificación, sin que se haya convocado junta directiva o asamblea en dos años. A raíz de estas revelaciones, el colectivo de investigación antifascista Sistema 161 ha publicado una interesante investigación en la que profundizan en el tema.
La exportavoz Elsa Almeda, visible en campañas católicas y de Vox Jóvenes, rompió el silencio el 5 de diciembre al anunciar su salida, citando "desencuentros" desde marzo de 2025 y un "cierre en banda" ante demandas de información sobre recursos y donativos. Sin embargo, la falta de acceso a movimientos bancarios, facturas o declaraciones fiscales, como reclaman los dimisionarios, expone un fallo estructural: "una minoría ha acaparado el poder, desviando la asociación de su vínculo inicial con Vox hacia intereses privados". Críticos internos ven en esto no solo un riesgo legal, sino una traición a los miles de voluntarios y donantes que confiaron en su labor humanitaria.
Desde Revuelta, la respuesta ha sido un contraataque que agrava la fractura: un comunicado oficial acusa a "personas vinculadas profesionalmente a Vox" de injerencias para "apropiarse" de la entidad y erosionar su independencia, mientras Hernández apareció en un vídeo el 7 de diciembre defendiendo una auditoría en curso que supuestamente avalará su gestión. Apoyos como el de Raúl Muñiz Rodríguez, portavoz próximo a HazteOír, han derivado en insultos contra Almeda y su pareja, evocando sombras de extremismo que la investigación de Sistema 161 detalla en conexiones de miembros como Gasca con grupos neonazis italianos o Pintado con ultras en Valladolid.
Vox guarda silencio
El silencio de Vox ante el escándalo, pese a su rol fundacional en Revuelta, subraya una desconexión estratégica: el partido, con figuras como Hernández en listas electorales de 2019 y 2021, parece desmarcarse para evitar salpicaduras, mientras la Fiscalía investiga posibles estafas en cuotas de afiliación y remanentes no donados a damnificados. Esta implosión no es aislada; refleja patrones en la ultraderecha, donde el reclutamiento de perfiles con pasados en entornos fascistas se tolera por conveniencia electoral, pero genera fisuras cuando el control financiero entra en juego.
Con más de 100.000 euros aún en cuentas sin destino claro y la marca Revuelta registrada a título personal por Hernández en octubre de 2025, el caso pone en entredicho la viabilidad de la propia organización.
