1 de cada 3 hospitales públicos españoles está gestionado por empresas privadas
El informe del Ministerio de Sanidad revela que el incremento de hospitales con gestión privada en la red pública ha sido del 36,8% en la última década, con el gasto público destinado a estos centros disparándose un 84,6% entre 2011 y 2023.
En la última década, se ha observado un crecimiento sostenido en la presencia de la gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) español. Un informe reciente del Ministerio de Sanidad subraya que esta colaboración ha pasado de ser un "recurso excepcional" a una "práctica estructural". Este cambio se traduce en un incremento del 36,8% en el número de hospitales privados integrados en la red pública en diez años, pasando de 106 en 2011 a 145 en 2023. Esta cifra implica que, a finales de 2023, el 30,7% de los hospitales del SNS presentaban "dependencia funcional privada" , o lo que es lo mismo, uno de cada tres hospitales de la red pública está gestionado por una empresa privada.
El impacto económico de esta tendencia tan notorio que, entre 2011 y 2023, el gasto público destinado a esta tipología de centros ha experimentado un aumento del 84,6% , alcanzando los 4.800 millones de euros. Pese a esta considerable transferencia de recursos públicos, el informe ministerial recalca que "este modelo no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en los resultados de salud". Más aún, los datos indican que los hospitales de gestión privada tienden a la "atención selectiva", concentrando los casos menos complejos. Los procesos asistenciales de mayor coste, como los trasplantes, los cuidados a neonatos con bajo peso o los procedimientos que requieren oxigenación por membrana extracorpórea, continúan siendo asumidos por el sistema público en más del 95% de los casos.
El documento advierte sobre una serie de riesgos inherentes a esta expansión del modelo privado, señalando que la lógica que rige a estas empresas es el beneficio y no el interés general. Entre los riesgos identificados, se encuentran la fragmentación de la red asistencial, la posible creación de una brecha salarial y de condiciones laborales entre el personal, y la pérdida de capacidad de planificación y control del sistema por parte de la administración pública. Casos como el del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, son citados como ejemplos de un modus operandi que buscaría "parasitar el sistema público" mediante prácticas como modificar el triaje en Urgencias para clasificar a pacientes graves como leves.
A la par de la externalización de la gestión hospitalaria, se observa una creciente derivación de pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros privados no integrados en el SNS fueron financiadas con fondos públicos. Esto pone de manifiesto que las arcas públicas están financiando de manera creciente el negocio de las empresas de sanidad privada, no solo mediante la gestión externalizada, sino también a través de la derivación de servicios que los centros públicos no pueden asumir. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad recomienda, entre sus conclusiones, "promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios" para lograr mejores resultados y un control óptimo de los recursos.
