El diputado de Vox por Huesca y cabeza de lista de la provincia en las elecciones al Gobierno de Aragón del próximo 8 de febrero, David Arranz, ha respondido a la revelación de su discrepancia en las dietas por desplazamiento con unas declaraciones públicas, afirmando que va a emprender acciones legales. Para ello ha aportando, paradójicamente, un documento oficial que confirma y detalla la secuencia de hechos descritos por este diario, que originaron la controversia.

Lejos de desmentir la información publicada por DIARIO SOCIALISTA, que se basa exclusivamente en datos del portal de transparencia de la cámara y las declaraciones previas del propio Arranz, la respuesta del diputado introduce nuevas pruebas documentales. Adjunta un Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, fechado el 26 de noviembre de 2025, que certifica dos fechas clave:

  1. El 14 de junio de 2023, Arranz declaraba como lugar de residencia ante la administración parlamentaria "una localidad situada en el tramo de distancia de 101 a 150 kilómetros", presumiblemente, Monzón (Huesca). Esto, junto a la tabla de percepciones disponible en la web de las Cortes validaría que, al menos desde julio de 2023, cobró la indemnización máxima (1.830,11€/paga).
  2. El 4 de junio de 2025, declaró como nuevo lugar de residencia "una localidad situada en el tramo de distancia de hasta 50 kilómetros", es decir, el área de Zaragoza.

Arranz: "Nunca he percibido ningún tipo de dieta aduciendo residir en Monzón, jamás"

Estos documentos, que el diputado presenta como prueba de su "total transparencia", no solo no desmienten, sino que corroboran el núcleo de la investigación: que percibió durante casi dos años la tarifa correspondiente a Monzón, contradiciendo así sus declaraciones públicas de 2020, en las que aseguraba residir y cobrar como residente en Zaragoza: "Nunca he percibido ningún tipo de dieta aduciendo residir en Monzón, jamás".

Es decir, el acuerdo de la mesa de las Cortes solo acredita que modificó su domicilio el pasado año y por qué sus dietas de 2025 (14.736,97€) reflejan una cifra intermedia: combinan ambas tarifas tras su cambio de declaración en junio de 2025, pero no explican la incongruencia con las declaraciones previas.

Arranz advierte con emprender acciones legales

En su escrito publicado en redes sociales, Arranz advierte que "se van a emprender las acciones legales oportunas" a raíz de la publicación de este diario: "Se están cometiendo delitos graves: contra el honor (injurias y calumnias vertidas con publicidad), revelación de secretos (el domicilio de un cargo público) y delitos electorales y contra la LOREG, al hacerse con ánimo de influir en un proceso electoral".

Estas declaraciones contrastan con la evidencia documental que él mismo ha aportado y con la información disponible en el portal de las Cortes de Aragón. Al basarse únicamente en datos públicos y declaraciones oficiales del diputado, la información publicada por DIARIO SOCIALISTA está amparada por el derecho constitucional a la libertad de información.

Vox guarda silencio

El documento de la Mesa de las Cortes, presidida por Marta Fernández (Vox), certifica las fechas exactas del cambio, pero ni la Mesa ni el Grupo Parlamentario de Vox se han pronunciado de momento sobre la discrepancia económica inicial o las declaraciones de su diputado. Hasta ahora, ninguna cuenta oficial de Vox ha respaldado la posición de Arranz, y sus declaraciones se presentan de forma personal.

La gran omisión

Ni el Acuerdo de la Mesa ni la comunicación de Arranz abordan la cuestión económica central derivada de toda esta cronología: la presunta indebida percepción de fondos públicos entre junio de 2023 y junio de 2025 si el diputado de Vox hubiera cobrado la tarifa de Monzón residiendo en Zaragoza durante ese periodo, como podrían indicar sus declaraciones previas y el cambio de residencia en junio de 2025. Si se confirmara un cobro indebido, la diferencia a devolver ascendería a más de 12.000 euros anuales. La falta de cualquier mención a esta cuestión deja esta pregunta sin respuesta.