El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha tenido que reconocer públicamente que el caso del disparo de foam contra Iker Arana, que le costó la pérdida de un testículo, “está en los tribunales” y que “será la justicia quien determine lo sucedido”. La declaración emitida por del consejero desde Irun (Gipuzkoa), más cauta que sus habituales defensas a ultranza de las actuaciones de la Ertzaintza, parece una admisión implícita de que las evidencias en vídeo presentadas dificultan sostener la versión de la defensa de los agentes.

Además, Zupiria ha sorprendido con la siguiente declaración: “La sociedad ha otorgado legitimidad a la Ertzaintza para usar la fuerza, pero de ahí a que se hagan usos ilegítimos hay un trecho”. También ha subrayando que su departamento no prestará asistencia jurídica al agente acusado y que su papel será “colaborar con la justicia”. “Este tema está en los tribunales y nosotros colaboraremos con la justicia para que este asunto pueda ser aclarado cuanto antes”, añadió.

El vídeo, publicado por la plataforma Justizia Aranarentzat, demuestra cómo los agentes dispararon contra Arana durante una carga vinculada al desalojo del Gaztetxe Etxarri II (Bilbo). Las imágenes revelan que Iker no cruzó la línea de seguridad ni arrojó objetos a los agentes en ningún momento, como sostenía la defensa, y que un proyectil de foam impactó directamente en sus testículos, provocándole graves lesiones y la pérdida de uno de ellos.

La plataforma denuncia que la defensa del agente, basada en argumentos sobre la "imposibilidad física de la lesión" y la supuesta "agresión" de Arana, queda desmentida por las evidencias visuales. “Nuestro objetivo es que en el caso de Iker no prevalezca la impunidad y que no se repitan situaciones similares en el futuro”, explican desde Justizia Aranarentzat, que insiste en la importancia de la movilización social para garantizar el derecho a la protesta frente a la violencia policial.

Zupiria subrayó que el Departamento de Seguridad "ha colaborado desde el inicio con la justicia", facilitando todos los datos e información disponibles" y "los que han surgido a lo largo de la investigación". No obstante, la publicación del vídeo y la claridad de las imágenes no han venido por parte del Gobierno Vasco, y parecen haber limitado la capacidad de mantener una defensa incondicional de la Ertzaintza, obligando al consejero a matizar sus habituales mensajes de respaldo absoluto y justificación de las intervenciones violentas de los agentes.

El caso sigue en fase de instrucción y, según la plataforma y abogados de Arana, marca un precedente importante sobre la necesidad de rendición de cuentas frente a la violencia policial y el derecho a manifestarse.