Grecia criminaliza la solidaridad: 10 años de cárcel para activistas de ONG que ayuden a migrantes
El Parlamento griego aprueba una ley que impone penas de prisión y multas superiores a 50.000 euros, mientras limita la financiación pública a estas organizaciones al 30%.
El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que impone penas de al menos diez años de prisión y multas que superan los 50.000 euros a cualquier miembro de una ONG que facilite la entrada irregular de personas migrantes, según informa Huffington Post con datos de la agencia EFE. La normativa, impulsada por el partido gobernante Nueva Democracia, introduce además un límite máximo a la financiación estatal de estas organizaciones, que no podrá superar el 30% de su presupuesto operativo. La oposición política y las organizaciones humanitarias han denunciado que la medida criminaliza la ayuda humanitaria.
El ministro de Migración griego, Thanos Plevris, defendió la ley durante el debate parlamentario, argumentando que busca sancionar con mayor dureza a quienes, estando inscritos en una ONG, "se dediquen al tráfico ilegal". "Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas", declaró Plevris. La ley ha sido aprobada exclusivamente con los votos del partido conservador Nueva Democracia, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Organizaciones de derechos humanos y la oposición de izquierdas advierten que la ley no distingue entre el tráfico de personas con fines de lucro y la asistencia humanitaria prestada por voluntarios para salvar vidas. La Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Grecia alertó de que esta ambigüedad conceptual convierte actos de solidaridad en delitos, generando un "efecto de enfriamiento" que puede disuadir a las ONG de operar y dejar a miles de personas migrantes en una situación de total desamparo.
La medida se produce apenas tres semanas después de que un tribunal de la isla de Lesbos absolviera a 24 voluntarios de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), tras siete años de proceso por cargos similares. Esta ley consolida la estrategia de "externalización" y fortificación de fronteras de la Unión Europea, donde los Estados criminalizan a los propios migrantes y a quienes prestan ayuda directa, mientras destinan miles de millones a blindajes fronterizos y acuerdos con países terceros para contener los flujos migratorios.
