Meloni aprueba su "ley de seguridad" y prepara una nueva ley antimigratoria
Permite detenciones "preventivas" de 12 horas, prohíben manifestarse a condenados por "violencia" y preparan un "bloqueo naval" contra las ONG de rescate.
El gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó este jueves un paquete de "medidas de seguridad" que incluye la detención preventiva hasta por 12 horas de personas sospechosas de poder alterar una manifestación, incluso antes de que esta ocurra, y la prohibición expresa de participar en protestas para condenados por "delitos violentos", según informa Il Manifesto. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, anunció además que la próxima semana se aprobará una ley migratoria que permitirá "interdicción de las aguas territoriales" –un "bloqueo naval"– para desviar barcos de ONG hacia países como Albania.
Las medidas, justificadas por el Ejecutivo tras los incidentes en una manifestación en Turín contra el desalojo del CSO Askatasuna, autorizan a la policía a retener a personas basándose en "motivos fundados", como llevar casco o petardos, o tener antecedentes por "violencia en protestas". La primera ministra Meloni declaró que se necesita "un enfoque más duro por parte de todos" y criticó a "una parte de la magistratura" que, a su juicio, "dificulta la defensa de la seguridad". La oposición denunció que se trata de un peligroso salto cualitativo, calificando la medida con el eufemismo "iliberal".
Zonas de exclusión
El paquete incluye además crear un "escudo penal" para que los policías sean prácticamente inimputables. Además, transforma incluso la resistencia pasiva en delito penal, impone multas de hasta 10.000 euros a organizadores de protestas no autorizadas y faculta a los prefectos para establecer "zonas rojas" de las que excluir a personas denunciadas o sancionadas administrativamente, no solo condenadas.
Nueva ley migratoria
Por otro lado, están preparando otra ley migratoria que, según las filtraciones, permitiría al Consejo de Ministros prohibir la entrada a aguas italianas por hasta seis meses en supuestas emergencias, derivando a los migrantes rescatados a "lugares diferentes" como Albania. El paquete consolida la deriva autoritaria del gobierno, utilizando la retórica securitaria para reprimir el disenso interno y externalizar la violación de derechos humanos, en sintonía con las políticas de la UE. Estas leyes no persiguen la seguridad ciudadana, sino la criminalización de la solidaridad y la neutralización política de la oposición social.
