Un fondo buitre intenta desahuciar a 62 familias vulnerables en Málaga tras comprar sus viviendas por 14.000 euros cada una
El juzgado de Estepona aplaza el macrodesahucio al 24 de marzo, ignorando informes de servicios sociales; el Ayuntamiento de Manilva pospone la solución y alega "falta de presupuesto".
62 familias del municipio malagueño de Manilva, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales, se enfrentan a un macrodesahucio el 24 de marzo tras una orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Estepona. La medida procede de la demanda interpuesta por el fondo de inversión SPV REOCO 3 SLU, que adquirió los dos bloques de viviendas en la calle Sarmiento por un precio aproximado de 14.000 euros por unidad, según denuncian los vecinos y recoge el medio digital manilva.ws. Entre los afectados se encuentran personas mayores, más de 100 menores y familias con miembros con discapacidad.
El conflicto se originó cuando el fondo de inversión, especializado en activos inmobiliarios, compró la deuda de las viviendas y ejecutó su "derecho de propiedad". Según informa Izquierda Diario, muchas de estas familias llevaban años viviendo en los inmuebles, que recibieron en mal estado y han ido reparando por su cuenta, y algunas incluso con contratos de alquiler. El juzgado habría emitido la orden de desahucio sin considerar su situación de extrema vulnerabilidad, lo que dejaría en la calle a decenas de personas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Chiclana denuncia que el ayuntamiento pudo ejercer su derecho de retracto durante la subasta para crear un parque público de vivienda, pero optó por no hacerlo.
Las autoridades municipales han guardado, según los colectivos denunciantes, un "silencio cómplice". Un pleno extraordinario convocado para tratar la emergencia fue suspendido, y el asunto se trasladó al pleno ordinario del jueves 5 de febrero, a tan solo cinco días del inicio de los desalojos. Desde el Ayuntamiento de Manilva, según manilva.ws, se alega que "no existe dotación presupuestaria" para adquirir los inmuebles y paralizar los desalojos, por lo que el pleno debatirá "solicitar ayuda a instancias superiores". Esta inacción contrasta con la existencia de "cientos de pisos vacíos" en el pueblo, según señala la PAH Chiclana.
Ante la falta de soluciones institucionales, el Sindicato de Inquilinas de Málaga y otros colectivos habían convocado concentraciones de solidaridad y resistencia para los mismos días 10, 11 y 12 de febrero, coincidiendo con el operativo inicial de desalojo, que ha sido pospuesto al día 24 del próximo mes por "falta de efectivos" en el contexto de la emergencia por lluvias. Los vecinos exigen la paralización inmediata de los lanzamientos y una solución habitacional real. El caso expone el mecanismo de la especulación inmobiliaria: un fondo compra viviendas sociales a precio de saldo, desaloja a los ocupantes —aunque sean vulnerables— y las revaloriza para su venta con la complicidad de las instituciones, un negocio redondo que aplasta el derecho básico a la vivienda.
