El Gobierno español facilitó 390 transbordos de productos desde colonias israelíes ilegales en 2025
Destapan 957 envíos desde asentamientos en territorios palestinos ocupados recientemente hacia EE.UU., con más de la mitad transitando bajo jurisdicción española y portuguesa.
El Estado español actuó como puerto de escala para 390 cargamentos de mercancías procedentes de asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados entre enero y noviembre de 2025. Así lo certifica una investigación del Palestinian Youth Movement a la que ha tenido acceso elDiario.es. Este comercio, que sostiene la economía de la ocupación, se realizó a través de los puertos de Valencia y Barcelona, y continuó con un nuevo transbordo detectado en Málaga en diciembre, pese a que el Gobierno español prohibió, en teoría, la importación directa de estos productos en septiembre. El informe revela una complicidad estatal al permitir que el operador logístico Mediterranean Shipping Company (MSC) utilice infraestructuras públicas bajo control de las autoridades españolas para un comercio ilegal según el "derecho internacional".
Los datos del estudio son contundentes: de los 957 envíos documentados desde colonias sionistas a Estados Unidos en ese periodo, 529 utilizaron puertos europeos como puntos de transbordo. El Estado español fue, con mucha diferencia, el principal facilitador, seguida de Portugal (115 envíos), Países Bajos (22) y Bélgica (2). Los autores subrayan que este patrón muestra "la dependencia sistemática de los puertos marítimos europeos" para la circulación de mercancías que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha instado a bloquear. Las empresas exportadoras incluidas en la investigación, como Ahava Dead Sea Laboratories o Supergum Industries, operan desde zonas industriales en asentamientos ilegales como Barkan, en Cisjordania.
Esta actividad comercial contraviene directamente el dictamen de la CIJ de julio de 2024 y la resolución de la Asamblea General de la ONU de septiembre de ese mismo año, que el Gobierno español dice apoyar. La Corte estableció la obligación de los Estados de "abstenerse de entablar tratos económicos o comerciales con Israel" que consoliden su presencia ilegal. Sin embargo, el Real Decreto-ley español de septiembre de 2025, si bien vetó las importaciones, dejó una laguna legal al no prohibir explícitamente los transbordos. Esta omisión clave permite que "el Gobierno más propalestino de la historia" alegue cumplimiento formal mientras sus puertos siguen siendo una pieza fundamental para el mantener el comercio con la entidad genocida.
