Juzgan a un guardia civil rentista por usar bases de datos policiales para investigar y presionar a su inquilino
La Audiencia de Valladolid juzga el 12 de febrero a un agente acusado de acceder ilegalmente al ficheros para comprobar la situación de su arrendatario y presionarle por impagos.
Un guardia civil de 35 años se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión, multa de 7.200 euros e inhabilitación profesional por nueve años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Según la acusación pública recogida por ABC y Europa Press, el agente rentista, propietario de una vivienda en Valladolid (Castilla y León) accedió en repetidas ocasiones sin autorización a la base de datos policial INTPOL para obtener información privada de su inquilino y del avalista, antes y después de formalizar el contrato de alquiler en julio de 2021.
El Ministerio Fiscal detalla que el acusado utilizó su posición profesional y su número de identificación para realizar consultas ilegales. Primero, habría fisgado en el fichero policial antes de alquilar el piso, para realizar "comprobaciones previas" de su futuro inquilino. Posteriormente, cuando el arrendatario se retrasó en el pago de las mensualidades, habría vuelto a acceder a los datos con el objetivo, según la acusación, de "obtener información que le permitiera ejercer presión para lograr el abono de las cantidades pendientes".
El agente habría usado su acceso privilegiado a información sensible para un beneficio personal y privado, indicando la arbitrariedad y los posibles usos indebidos de los datos personales que se encuentran en manos de los cuerpos policiales, vulnerando derechos fundamentales.
