La Fiscalía húngara denuncia a un organizador del Orgullo de Pécs
El gobierno de Orbán emplea el sistema judicial para perseguir a un profesor que desobedeció la prohibición de una marcha por derechos civiles.
La Fiscalía del distrito de Pécs, en el suroeste de Hungría, presentó cargos penales este lunes contra el profesor y activista Géza Buzás-Hábel, organizador de la marcha del Orgullo en esa ciudad el 4 de octubre de 2025. La acusación, por “organizar asamblea prohibida” o “violar la prohibición de reunión”, se basa en que el evento se celebró a pesar de una orden de prohibición policial expresa y una posterior ratificación de la Curia, el Tribunal Supremo húngaro, según precisa un comunicado de la propia Fiscalía recogido por Europa Press. El organismo ha pedido al tribunal que imponga una multa al activista, un delito que puede conllevar hasta un año de prisión.
El Gobierno de Viktor Orbán emplea sistemáticamente varias leyes que restringen derechos fundamentales. La policía prohibió la marcha un día después de su notificación, “de conformidad con la Ley de Protección Infantil enmendada”, una normativa que organizaciones civiles denuncian por ser instrumentalizada para criminalizar la visibilidad LGBTIQ+ y vincularla intencionadamente a connotaciones nocivas para la infancia. A pesar de que la Curia rechazó el recurso del organizador el 14 de septiembre de 2025, la quinta Marcha del Orgullo de Pécs se celebró bajo el lema “No nos doblegaremos ante el miedo”, con la participación de unas mil personas.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han reaccionado a la noticia. El director de Amnistía Internacional en Hungría, Dávid Vig, declaró en un comunicado que le “indigna” la acusación. “En lugar de ser amenazado con una condena penal, debería ser elogiado por su valentía al organizar el Orgullo de Pécs más grande de la historia”, afirmaba Vig, quien añadió que “Géza no hizo nada malo, sino que defendía la igualdad y la libertad de reunión”. Amnistía, junto a la Sociedad Háttér y el Comité Húngaro de Helsinki, expresó su compromiso de defender al activista.
El caso vuelve ejemplificar la intensificación de la represión estatal contra la disidencia y las minorías sexuales en Hungría. La enmienda de 2025 a la ley de reunión prohibió explícitamente las protestas en apoyo a eventos LGBTIQ+, configurando un peligroso marco legal en la Unión Europea que, según las ONGs, busca eliminar cualquier expresión pública que cuestione la agenda reaccionaria del gobierno. La criminalización de Buzás-Hábel envía un mensaje de intimidación a la sociedad civil y a los movimientos LGTBIQ+, mientras el ejecutivo de Orbán continúa erosionando las libertades civiles y políticas bajo la retórica de la “protección infantil” y la “seguridad nacional”.
