El ministro de Transportes, Óscar Puente, y los dirigentes de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y Semaf firmaron este lunes un acuerdo para desconvocar la huelga ferroviaria tras tres días de movilizaciones masivas tras los siniestros ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron 47 fallecidos. El pacto, calificado de "histórico" por el Ministerio, contempla una inversión de 1.800 millones de euros en mantenimiento para los próximos cinco años y la creación de 3.650 empleos en Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, según detalló el departamento en un comunicado recogido por EFE.

Sin embargo, SFF-CGT, que representa a una parte significativa de la base trabajadora, ha decidido mantener las huelgas para los días 10 y 11 de febrero, al tiempo que denuncia su exclusión de la mesa de "negociación". En un comunicado, el sindicato crítico afirma que lo pactado "no resuelve el problema" y lo tilda de "nuevo parche, una salida rápida para apagar el conflicto sin abordar las causas". Critican especialmente que el pacto no incluya "la obligación de dotación mínima de personal a bordo", ni aborde los problemas de precariedad en las empresas privadas del sector como Iryo y Ouigo.

La jornada de huelga de este lunes dejó un panorama de caos, con más de 330 trenes de alta velocidad cancelados y una reducción severa del servicio en Cercanías. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó a los viajeros afectados su derecho a compensaciones económicas. Mientras el Ministerio y los sindicatos firmantes celebraban "el fin del conflicto", las estaciones seguían colapsadas, evidenciando la fractura entre la cúpula de la burocracia sindical y una parte considerable de la base trabajadora que considera insuficientes las concesiones.

"Futuribles"

El acuerdo alcanzado incluye más de 25 compromisos, entre ellos un "aumento del 50% en el presupuesto de mantenimiento" y la creación de "comités de seguimiento para seguridad e infraestructura". No obstante, para el SFF-CGT estos anuncios son "futuribles" que no garantizan un cambio real. El sindicato denuncia que el dinero para mantenimiento podría terminar yendo "a la flor y nata de la construcción" en lugar de a las necesidades urgentes de las plantillas, y señala la falta de protocolos unificados para emergencias. El conflicto ha dejado al descubierto la tensión entre un modelo de negociación que busca apagar fuegos a ritmo del Gobierno español y la demanda de una transformación estructural del ferrocarril público.