112 en lucha: “Las emergencias no son un negocio”

Los trabajadores de los servicios de emergencia 112 de la mayoría de comunidades autónomas del Estado español se han concentrado este miércoles 11 de febrero, Día Europeo del 112, en Barcelona (Catalunya) para exigir la internalización del servicio y su reconocimiento como personal esencial. La protesta, convocada frente al Departamento de Interior de la Generalitat en la calle Diputació con Passeig de St. Joan a las 11:00 horas, ha denunciado que las administraciones "no pueden seguir considerando al personal del 112 como trabajadores de segunda categoría, externalizados a empresas de call center", rezaba el comunicado difundido por los propios convocantes.

Los trabajadores del sector advierten de que la externalización a empresas privadas tiene "graves consecuencias" para la seguridad pública. Señalan que un servicio infradotado y mal gestionado colapsa ante una gran emergencia, y ese colapso se traduce en vidas que se ponen en riesgo o que se pierden. Esta crítica se sustenta en episodios como la gestión de la DANA en València, que ya motivó una concentración el año pasado. Los trabajadores argumentan que las administraciones están "delegando funciones básicas y estratégicas" en empresas con ánimo de lucro, lo que constituye una "negligencia institucional" al ser la seguridad, en teoría, una competencia esencial de los gobiernos autonómicos.

112 Catalunya, cerca de una nueva licitiación

La elección de Barcelona como sede de la protesta este año no es casual. Los convocantes destacan que el 112 de Catalunya, en concreto, lleva más de dos años en huelga sin que el Govern haya dado una solución, y que se avecina una nueva licitación que "perpetúa la externalización". La situación es crítica en otras regiones: en Andalucía, el servicio mantiene paros parciales desde hace meses y ha sido excluido de la recién creada Agencia de Seguridad y Emergencias. Según los datos aportados por los trabajadores, aproximadamente la mitad de los centros 112 en el Estado español (incluyendo Ceuta y Melilla) están internalizados, mientras que el resto, que cubre comunidades como Aragón, Castilla y León, Galiza, la Comunidad Autónoma Vasca o el País Valencià, depende de empresas privadas.

Las exigencias de la concentración son tres: que las administraciones "asuman la gestión directa", que incorporen al personal como funcionario o laboral dentro de las estructuras públicas de emergencias, y que se proceda a la profesionalización del puesto. Esta última pasa por reconocerles como un cuerpo especializado, valorar la antigüedad y establecer medidas sistemáticas de apoyo psicológico para prevenir el desgaste profesional o burnout. "En emergencias no todos los modelos valen", concluye el comunicado: "La vida de las personas puede depender de una sola llamada al 112".