Más funcionarios y familiares entre los adjudicatarios de VPO de lujo en Alacant
El escándalo suma cuatro dimisiones, mientras se descubre que varios pisos protegidos se alquilan a 1.600 euros y el PP de Mazón había eliminado los controles que podían haberlo evitado.
El portavoz del Ayuntamiento de Alacant (País Valencià), Manuel Villar (PP), confirmó este martes que el cruce de datos entre los adjudicatarios de las 140 viviendas protegidas de la playa de San Juan y la plantilla de funcionarios municipales ha arrojado "apellidos comunes" que apuntan a la existencia de más casos de empleados públicos o sus familiares directos entre los beneficiarios. El consistorio remitió a finales de la semana pasada el resultado de esta verificación a la Conselleria de Vivienda, que ahora analiza "uno por uno" los casos coincidentes para determinar si han cometido irregularidades, según declaró Villar a los medios. "Puede ser un funcionario o cualquier familiar", admitió el portavoz.
El escándalo, destapado por elDiario.es, ya ha provocado dimisiones en cascada de cuatro cargos vinculados al PP: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, renunciaron tras conocerse que ella, sus dos hijos y un sobrino de la funcionaria adquirieron cuatro inmuebles en el residencial Les Naus. También dimitió Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, y el pasado jueves lo hizo Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, al revelarse que la madre de sus hijas es propietaria de otro piso. Un funcionario de la dirección territorial de Alacant, por su parte, ha sido suspendido de empleo y sueldo por validar el visado de la vivienda de su propia esposa, arquitecta del área de Urbanismo.
La denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía el 27 de enero incorpora un informe de Patrimonio que ya alertaba de que personal municipal "posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente)". El documento señalaba además "posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso", al existir supuestos en los que "la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles". Pese a ello, los controles "fallaron" y las viviendas se adjudicaron sin que saltaran las alarmas.
Pisos de VPO en alquiler
A la trama de adjudicaciones irregulares se suma ahora la constatación de que varios pisos de esta promoción de VPO —con piscina, gimnasio y pistas de pádel— han sido puestos en alquiler a precios de mercado. Compromís denunció que el pasado agosto aparecieron anuncios en Idealista por hasta 1.600 euros mensuales, y que hay adjudicatarios que residen en el extranjero o no están empadronados, incumpliendo la normativa autonómica que obliga a destinar la vivienda a residencia habitual.
El alcalde Luis Barcala (PP) se enfrentó este jueves a un pleno extraordinario exigido por la oposición, que le acusa de ser "el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada". El escándalo ha puesto además en el foco la decisión del gobierno de Carlos Mazón de eliminar los controles preexistentes para prevenir fraudes como este en la adjudicación de VPO.
