La justicia británica asestó este viernes revés al Gobierno al declarar "desproporcionada e ilegal" la prohibición de Palestine Action como "organización terrorista", según informa The Guardian. Los jueces de la high court, encabezados por Dame Victoria Sharp, presidenta de la división del King's Bench, dictaminaron que la mayoría de las actividades del grupo de acción directa no alcanzan "el nivel, la escala y la persistencia" para ser definidas como "terrorismo". La decisión es significativa, ya que supone la primera vez que una organización ilegalizada al amparo de la legislación antiterrorista logra revertir judicialmente la prohibición.

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action y promotora del recurso, calificó la sentencia de "victoria monumental" y denunció que la prohibición respondía a presiones de lobbys sionistas y a la industria armamentística. "Prohibir Palestine Action siempre fue un intento de apaciguar a los grupos de presión proisraelíes y a los fabricantes de armas, y no tenía nada que ver con el terrorismo", declaró Ammori a la salida de los tribunales. El grupo centra sus acciones contra Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, al que atribuye pérdidas millonarias por la interrupción de sus operaciones en el Reino Unido.

La resolución judicial subraya que, aunque Palestine Action promueve su causa política a través de actividades delictivas, solo "un número muy reducido" de ellas puede considerarse "terrorismo" y que para perseguir esos delitos "sigue estando disponible el derecho penal ordinario". La jueza Sharp añadió que la prohibición suponía "una interferencia muy significativa" en los derechos de libertad de expresión y reunión. Desde que la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, ilegalizó el grupo el pasado julio, más de 2.500 personas han sido arrestadas por mostrar su apoyo, y más de 500 han sido acusadas formalmente.

La actual ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció que recurrirá la sentencia, lo que mantiene en vilo la situación de los detenidos. La relatora especial de la ONU para derechos humanos y lucha antiterrorista, Ben Saul, así como Amnistía Internacional y Liberty —que intervinieron en el caso— instaron al Gobierno a acatar el fallo. Saul reclamó que se archive la causa "contra quienes expresaron pacíficamente sus convicciones" y se les ofrezca "una disculpa por haber sido estigmatizados como terroristas". Mientras, cientos de personas congregadas frente al tribunal celebraban la decisión entre cánticos de "Palestina libre".

La sombra de la ley antiterrorista, concebida, en teoría, "para combatir a Al Qaeda y el ISIS", se ha empleado durante meses contra activistas que apenas portaban pancartas con lemas como "Yo me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action".