Milei acusa de terrorismo a los trabajadores que protestaban contra su reforma laboral
El Gobierno argentino invoca la Ley Antiterrorista para agravar la situación de los 71 detenidos durante la represión ante el Congreso.
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal por terrorismo contra los participantes en la protesta del miércoles frente al Congreso argentino, según el escrito al que tuvo acceso EFE. El Ministerio de Seguridad Nacional encuadró los incidentes en la Ley Antiterrorista, que permite penas más severas y elimina la excarcelación automática. El documento, firmado por el representante legal Lisandro Manuel Franco, asegura que los hechos buscaban "generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina" y "condicionar decisiones de autoridades públicas" como la votación de la reforma laboral que se desarrollaba en el interior del Parlamento.
La protesta sindical fue disuelta por un operativo policial que irrumpió en la Plaza del Congreso y detuvo a decenas de personas, algunas arrastradas por el suelo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cifró este jueves en 71 los detenidos. El Gobierno difundió además una lista con fotos y datos personales de una veintena de señalados, mientras la denuncia reconocía estar "en pleno proceso de análisis" para incorporar pruebas, lo que no impidió invocar la ley de excepción.
La acusación incluye delitos como "atentado al orden constitucional", "resistencia a la autoridad", "lesiones graves y daños agravados". Horas después de la represión, en la madrugada del jueves, el Senado aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá pasar a Diputados. El texto legaliza la jornada de doce horas, el despido sin indemnización, el salario en especie y restringe el derecho de huelga, medidas que los sindicatos venían denunciando como un ataque frontal a los derechos de la clase trabajadora.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta y el uso de una ley antiterrorista contra manifestantes. La estrategia del Gobierno combina la represión violenta en las calles con la judicialización de la disidencia política y social, mientras acelera un paquete de reformas que profundiza en el empobrecimiento de la clase obrera. La denuncia por "terrorismo", presentada además sin pruebas concluyentes y con los detenidos aún sin identificar formalmente, sienta un precedente alarmante en la persecución del derecho a la protesta en Argentina.
