El notario de la mayor estafa inmobiliaria del Estado español admite los hechos y evita la cárcel
La red estafó a más de cien víctimas, muchas ancianas, con productos financieros fraudulentos entre 2009 y 2015.
La Audiencia de Barcelona cerró este lunes con un pacto entre la Fiscalía, las acusaciones y las defensas la investigación por la mayor estafa inmobiliaria del Estado español, destapada por los Mossos d'Esquadra en 2015. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido los hechos y han visto rebajadas sustancialmente las penas que afrontaban, inicialmente superiores a veinte años de prisión. Los catorce integrantes de la trama han aceptado condenas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal, cometidos contra más de un centenar de propietarios, muchos de ellos ancianos sin conocimientos económicos.
El abogado Francisco Comitre, considerado el principal acusado, ha sido condenado a cuatro años y siete meses de prisión y una multa de 7.200 euros, y será el único de los catorce que deberá ingresar en la cárcel, puesto que una de las penas supera los dos años. El notario Enrique Peña, en cambio, ha aceptado tres años y dos meses de cárcel, pero podrá beneficiarse de la suspensión de la pena y eludir la prisión, además de quedar inhabilitado de forma definitiva para ejercer como notario. La red contaba con la colaboración de dos notarios y dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos, que elevaban a escritura pública las compraventas fraudulentas, según informa elDiario.es.
La trama, que operó entre 2009 y 2015, contactaba con personas mayores a las que ofrecía "productos financieros" como "hipotecas inversas", "préstamos con garantía inmobiliaria" o "rentas vitalicias". Los acusados se apropiaban de las viviendas sin abonar contraprestación económica o pagando un importe muy inferior al precio de mercado, dejando a muchas víctimas en situación de desahucio. Para ocultar su identidad, utilizaban "toda una serie de sociedades instrumentales" que dificultaban la recuperación de los inmuebles. Entre los investigados figura Artur Segarra, declarado en rebeldía y actualmente condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de David Bernat en 2016.
El pacto judicial incluye la declaración de nulidad de todas las escrituras firmadas mediante compraventas fraudulentas, lo que abre la posibilidad de que las víctimas recuperen sus propiedades, aunque muchas de ellas ya han sido adquiridas por terceras personas. La sala ha acordado continuar el juicio exclusivamente para establecer las responsabilidades civiles y determinar las indemnizaciones que corresponden a los afectados, en un proceso en el que están implicadas aseguradoras y múltiples sociedades pantalla. Mientras el notario Peña elude la cárcel tras perpetrar la mayor estafa inmobiliaria conocida en el Estado, el PSOE, Junts, PP y Vox aprobaron la "ley de multirreincidencia", que establece penas de prisión por hurtos menores de 400 euros.
