El Parlamento de Gasteiz (Araba) ha recibido este martes el Informe 2024 de la Comisión de Valoración de Solicitudes de Víctimas de Violencia Estatal, con 93 casos nuevos reconocidos oficialmente, donde se incluyen ocho muertos. Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa, representantes de la Comisión, señalaron “la gravedad de las vulneraciones documentadas”, con 75 personas que denuncian torturas y otras afectadas por diversas formas de agresiones, incluidos abusos sexuales. Entre los fallecimientos reconocidos figura el de Gurutze Iantzi, que murió en 1993 en un cuartel de la Guardia Civil en Madrid, en un contexto de torturas que jamás fue investigado exhaustivamente, según Balmaseda, quien recalcó “la falta de peritaje adecuado y la ausencia de rigor en la investigación judicial inicial”.
El informe, que abarca casos de violencia por parte de las fuerzas y cuerpos del estado entre 1968 y 1999, detalla también episodios de violencia sexual como el de una mujer, en 1992, sometida a abusos en un cuartel de la Guardia Civil, donde confiesa haber sido violada y amenazada con una pistola en la boca. Otro caso destacado es el de un hombre de Arrasate (Gipuzkoa) herido por una pelota de goma disparada intencionadamente a su ventana. Sin embargo, la Comisión enfrenta dificultades para avanzar en la revisión de los más de 400 expedientes pendientes, debido a la falta de forenses, lo que ha obligado a suspender temporalmente su trabajo por primera vez en cuatro años. La Comisión denuncia que el anterior ejecutivo del Gobierno Vasco era consciente de esta situación, y que no tomó medidas.
La Comisión insta al Parlamento a reformar la ley vigente, ampliando su ámbito temporal y revisando el sistema de indemnizaciones para estas víctimas, que consideran discriminatorio frente a otros sistemas de compensación vigentes en el Estado español. Además, ha solicitado “un nuevo plazo para recibir más solicitudes de reconocimiento”, que se difundan los informes anuales y que se celebre un simposio sobre el tema, con el fin de dar visibilidad a los miles de casos de tortura aún sin resolver en Euskal Herria, en consonancia con el Instituto Vasco de Criminología, que estima más de 4.000 casos de tortura documentados tan solo en tres de las siete provincias.
