Desde el pasado 1 de noviembre, el subsidio de excarcelación ha sido eliminado en el Estado español, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, que “integras” esta ayuda en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según el Gobierno español, esta medida buscaría “simplificar y mejorar la protección por desempleo”, así como “garantizar coherencia entre el subsidio de excarcelación y el IMV”. Sin embargo, esta unificación ha generado una serie de obstáculos para las personas que salen de prisión, ya que los tiempos y requisitos del IMV son más estrictos y burocráticos que los del antiguo subsidio de excarcelación.
Hasta octubre, las personas recién liberadas podían acceder al subsidio de excarcelación en un plazo de dos meses, siempre y cuando cumplieran ciertos requisitos, como haber estado encarceladas al menos seis meses y no tener empleo ni derecho a otras prestaciones por desempleo. La ayuda proporcionaba una ayuda equivalente a una pensión alimenticia, de 480 euros, que permitía a los exreclusos contar con unos mínimos ingresos tras su salida. En contraste, el proceso de solicitud del IMV puede extenderse hasta nueve meses o más, y requiere además informes sociales adicionales en algunos casos, lo que retrasa el acceso a una ayuda esencial para evitar caer en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Organizaciones sociales como Salhaketa Nafarroa y la coordinadora Enlazados en Aragón han expresado recientemente su rechazo a esta medida, advirtiendo que “podría agravar la exclusión social entre quienes salen de prisión sin redes de apoyo”. Según estas entidades, los plazos prolongados y las condiciones adicionales impuestas por el IMV agravan la desprotección, especialmente para personas de edad avanzada o aquellas que han cumplido largas condenas.
