El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el dictamen para aplicar la directiva europea que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, tras una caótica jornada en la Comisión de Hacienda. La sesión, marcada por más de ocho horas de negociaciones y recesos, reveló profundas fracturas en la coalición gubernamental y entre sus socios parlamentarios. En un giro de última hora, el PSOE ha alcanzado un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar temporalmente el tributo extraordinario a las empresas energéticas durante 2025, aunque el Ministerio de Hacienda, minutos después, ha reafirmado su pacto previo con Junts para no aplicar este impuesto a las empresas que inviertan en descarbonización.
Por tanto, las tensiones muestran intereses difíciles de conciliar entre partidos y anticipan un pleno difícil el jueves, donde tratarán de aprobar el decreto. Además, propuestas como un impuesto sobre bienes de lujo, un aumento del gravamen al diésel o el fin de las ventajas fiscales a socimis y pisos turísticos, por ejemplo, han sido descartadas de entrada. El ejecutivo incluyó algunos aumentos en el IRPF para grandes rentas y nuevos tributos al tabaco y vapeadores. Estas medidas buscan cumplir con los compromisos de Bruselas, que ha advertido al Estado español de sanciones por el retraso en la adaptación de la directiva europea.
De hecho, 11.000 millones de euros de los fondos europeos dependen de la aprobación de esta reforma fiscal. Sin embargo, las concesiones contradictorias a distintos socios han evidenciado una fragilidad parlamentaria que complica la negociación de futuros presupuestos y reformas clave. Bruselas sigue de cerca el desarrollo de estas iniciativas, esenciales para mantener el acceso a los recursos financieros del Plan de Recuperación.
