El Partido Popular Europeo (PPE) ha confirmado este miércoles al mediodía que apoyará la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, a pesar de la oposición del líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo. Tras días de negociaciones tensas, Manfred Weber, jefe del grupo popular en el Parlamento Europeo, ha anunciado que la mayoría de las delegaciones del PPE, excepto la española, respaldan la candidatura de Ribera. Este apoyo busca salvar el equilibrio en el gobierno comunitario de Ursula von der Leyen, condicionado también por la aprobación de los candidatos propuestos por Giorgia Meloni y Viktor Orbán. Ribera ha comparecido en el Congreso de los Diputados, cumpliendo una exigencia previa del PPE, aunque sin comprometerse a dimitir en caso de ser investigada.
El veto de Feijóo a Ribera, planteado inicialmente para cuestionar la gestión de la DANA y erosionar al Gobierno de Sánchez, podría dejar al PP español aislado dentro de su grupo en el Parlamento Europeo. En Génova, estaban calculando la posibilidad de votar contra la Comisión en su conjunto, una medida que tensionaría aún más su relación con el PPE y con von der Leyen. Mientras tanto, las negociaciones entre los distintos partidos que van a componer la nueva comisión avanzan para cerrar un acuerdo que asegure el nombramiento de Ribera, pero también el de los candidatos propuestos por gobiernos de extrema derecha, como el italiano Raffele Fitto y el húngaro Oliver Varhely.
El respaldo a candidatos vinculados a la extrema derecha genera divisiones en el grupo socialista europeo, especialmente entre delegaciones clave como la alemana y la francesa. Estas voces exigen “un compromiso del PPE para no aliarse con la extrema derecha”, aunque han sido los propios miembros del Partido Socialista Europeo (PSE) los que han aprobado a los candidatos de la extrema derecha. A pesar de las tiranteces internas, todo indica que el PSE votará a favor de la formación de la nueva Comisión en su conjunto; incluidos Fitto y Varhely. La razón a la que aluden “garantizar la estabilidad del gobierno comunitario y preservar el equilibrio político en la Comisión”.
