El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a un paquete fiscal que incluye un impuesto mínimo del 15% para multinacionales y un aumento del IRPF para rentas del capital superiores a 300.000 euros. También se ha pactado crear un nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas, condicionado a que inviertan en descarbonización. Este último acuerdo, alcanzado en el último momento tras presiones de partidos como Junts por un lado y ERC, EH Bildu, Podemos y BNG por otro, prevé la creación de una comisión negociadora para detallar su implementación antes del 31 de diciembre. En caso de no lograrse consenso, el Gobierno español se ha comprometido a “prorrogar el actual gravamen energético en 2025 mediante un real decreto”.
La reforma ha sido objeto de críticas por incluir medidas que favorecen a grandes corporaciones, como la posibilidad de que CaixaBank deduzca hasta el 25% del nuevo impuesto a la banca gracias a sus aportaciones a la Fundación La Caixa, lo que podría ahorrarle hasta 125 millones de euros al año. Además, otras propuestas fiscales progresivas, como la subida del diésel, el impuesto a bienes de lujo o la eliminación del régimen fiscal favorable a las socimis, quedaron fuera de la reforma. Estas concesiones han generado cuestionamientos sobre el alcance real de la medida y el peso de los intereses económicos en las decisiones del Gobierno.
El Gobierno ha presentado el paquete fiscal como “un paso hacia un sistema más justo y redistributivo”, pero economistas apuntan a que lo que realmente ha pesado en esta reforma ha sido cumplir con los requisitos europeos de acceso a los fondos Next Generation. Sin embargo, el acuerdo refleja más una estrategia para mantener la frágil mayoría parlamentaria que una reforma estructural. El apoyo de partidos como Junts y ERC fue clave, pero sus condiciones han limitado el impacto del paquete fiscal, demostrando la dependencia del Ejecutivo de alianzas inestables para sacar adelante su programa.
Aunque el paquete fiscal incluye elementos puntuales, como el fortalecimiento del gravamen a las energéticas, expertos apuntan a que “no aborda de manera integral las desigualdades estructurales ni las dificultades de financiación del Estado español”. La ausencia de medidas que reduzcan la carga fiscal sobre las rentas medias y bajas, combinada con la influencia de grandes intereses económicos, pone en duda la efectividad del paquete ante los ojos de varios sectores.
